Un mes después de la huelga de tres días convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, el conflicto con el Gobierno se ha reavivado, esta vez centrado en una marcada guerra de cifras sobre el seguimiento real de los paros y en la petición del Ministerio de Justicia para que se identifique a los huelguistas y aplicarles la correspondiente reducción salarial.
El pulso se intensificó este viernes cuando el Ministerio, dirigido por Félix Bolaños, remitió una carta a las cinco asociaciones convocantes. En la misiva, firmada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se les exige un listado «verificado y autorizado» de todos los que secundaron la huelga. El objetivo, según el escrito, es «proceder al descuento salarial» y asegurar una gestión adecuada del dinero público, ya que quienes pararon habrían cobrado íntegramente su salario.
La polémica reside en la diferencia entre los datos. Oficialmente, el Gobierno solo tiene constancia de 29 personas: un único juez y 28 fiscales que comunicaron formalmente su adhesión a la huelga y a los que, por tanto, se les reducirá el sueldo.
Esta cifra contrasta radicalmente con la facilitada por las asociaciones, que calificaron la movilización de «éxito rotundo» y estimaron el seguimiento en una media del 70% de los más de 8.000 jueces y fiscales de España. Por su parte, el ministro Bolaños, basándose en informes de los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, situó la incidencia media en torno al 31%.
¿Por qué discrepan tanto las cifras?
La clave está en el método de recuento. Los datos del Gobierno se limitan exclusivamente a quienes notificaron de forma voluntaria que hacían huelga, asumiendo la pérdida de salario. Sin embargo, las asociaciones denuncian que esta es una táctica para minimizar el impacto de la protesta. En un comunicado conjunto, han acusado al Ejecutivo de «intentar invisibilizar la movilización» y de realizar un «burdo ejercicio de propaganda».
El Ministerio de Justicia ya había intentado obtener un listado completo previamente. Antes de la huelga, solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado un informe diario de los ausentes. No obstante, el CGPJ respondió que realizar ese control no entra dentro de sus competencias, dejando al Gobierno únicamente con los datos de quienes se autoinculparon.
Así, un mes después, la disputa sobre las reformas legislativas que originaron la huelga ha derivado en un choque frontal sobre su legitimidad y alcance, con acusaciones de manipulación por un lado y la exigencia de responsabilidades económicas por el otro.
1 comentario en «Guerra de cifras por la huelga de jueces y fiscales»
Que no se pongan de acuerdo lo puedo entender lo que no se puede entender que un JUEZ tenga tazones o no haga huelga ?son los garantes de la justicia? Que respeto el podemos tener?