La Junta asegura «no tener información» sobre la llegada de 197 menores no acompañados

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asegura “no tener información” sobre la llegada de menores migrantes no acompañados que recalarán a Castilla y León, y tampoco sobre la fecha de su reparto por parte del Gobierno. “No sabemos nada porque no se han puesto en contacto con nosotros”, ha confirmado este lunes.

Ical.- Durante una visita a los participantes de un itinerario prelaboral en el sector del comercio para personas en riesgo o exclusión social, en Valladolid, Blanco dejó claro que nuestra comunidad es una “tierra solidaria y de acogida, pero siempre desde el acuerdo, el diálogo, el consenso y la igualdad entre todas las comunidades y todos los territorios”. Los últimos datos que se comunicaron es que el país no recibiría a menores y Cataluña únicamente 31, a diferencia de Castilla y León, que le correspondían 197, según apuntó.

“No sabemos de dónde han sacado esas cifras, pese a que se las hemos preguntado cada vez que ha habido una reunión, aunque no han respondido”, afirmó. Blanco remarcó que, al igual que se recurrió el Real Decreto-ley 2/2025 de 18 de marzo por dicho reparto de menores no acompañados, también se hará con el reglamento que desarrolla ese RD.

La consejera criticó que el Gobierno de España “no tiene una política migratoria de Estado”, razón por la que urgió la necesidad de una acción “real” con control de fronteras y con medidas en origen, según enumeró.

Por ello, Blanco recalcó la ausencia de información vinculada a la posible llegada de menores no acompañados y no contestó al respecto de si la Junta ha buscado algún emplazamiento o localización para su estancia. Además, enfatizó en la condición de “menores y personas”, por lo que recordó que tiene que haber unos procedimientos y un traspaso de la tutela, como ha ocurrido en otras ocasiones.

A ese respecto, aseguró que “es fundamental» que el Gobierno de España se haga cargo de esos 1.200 menores que están en Canarias, que son solicitantes de asilo, y sobre quienes el Tribunal Supremo hace meses dictaminó que eran responsabilidad del Ejecutivo nacional. Pero hasta el momento, “no se ha hecho cargo de los mismos”. “Es por ahí por donde tiene que empezar el Gobierno de España, por asumir sus competencias”, aseveró.