Los accionistas de Banco Sabadell han dado un respaldo casi unánime a la venta de su filial británica, TSB, a Banco Santander por más de 3.000 millones de euros. La decisión, aprobada este miércoles con un 99,6% de los votos en una junta extraordinaria, supone un movimiento estratégico clave en medio de la oferta pública de adquisición (opa) hostil lanzada por BBVA.
Junto a la venta, los accionistas también han aprobado un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, ligado directamente a esta operación. Ambas medidas refuerzan la posición del consejo de administración del Sabadell frente a la ofensiva de BBVA. De hecho, baja el valor de la entidad y buena parte del beneficio y los dividendos del Sabadell que estaban asociados al banco británico del que se desprende, poniéndolo, además, en manos de un competidor directo del BBVA.
La operación llega en un momento decisivo. El consejo del Sabadell necesitaba esta autorización para desprenderse de la filial que compró en 2015. El acuerdo de venta con el Santander se anunció en julio y se espera que se cierre a principios de 2026, fecha para la cual la opa de BBVA ya estaría resuelta.
BBVA abre la puerta a retirar su oferta
Esta nueva situación concede a BBVA la opción legal de retirar su opa. El consejero delegado de la entidad, Onur Genç, ya había advertido esta semana que «no hay ninguna garantía» de que la oferta siga adelante, afirmando que la retirarán si consideran que la operación ya no genera valor para sus accionistas. A finales de julio, BBVA ya había decidido aplazar el periodo de aceptación de su opa hasta septiembre para actualizar la información de su folleto.
Por su parte, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha calificado la venta de TSB como una operación «excelente». En un vídeo difundido a los medios, Oliu defendió que la venta es muy beneficiosa para los accionistas y permite al banco «centrarse en España, donde tiene mayor capacidad de crecimiento».
El escenario se completa con la reciente apertura de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por su papel en la gestión de la opa, a la que dio luz verde con la condición de que ambas entidades se mantuvieran autónomas durante tres años.
