Incendios forestales: cuando el fuego y las excusas prenden de la mano

Cada verano las llamas vuelven a ocupar titulares, a teñir de rojo los mapas de emergencias y a sembrar miedo en pueblos y comarcas enteras. La tragedia se repite con tal frecuencia que parece haber perdido capacidad de sorpresa, pero no deberíamos perder nunca la exigencia de responsabilidad. Porque detrás de cada incendio no solo hay hectáreas calcinadas y ecosistemas arrasados, también hay una cadena de decisiones —o de omisiones— que explican por qué nuestros montes siguen siendo tan vulnerables al fuego.

Las comunidades autónomas son, por ley, las responsables directas de la gestión forestal, de la prevención de incendios y de la organización de los dispositivos de extinción. Son ellas quienes tienen la responsabilidad de elaborar planes y dotarlos con los medios necesarios. Sin embargo, cuando las llamas se descontrolan, es frecuente escuchar un discurso que busca eludir esa responsabilidad. En lugar de asumir que la planificación preventiva ha fallado, o que los recursos son insuficientes, se señala al Gobierno de España como culpable por no enviar más medios extraordinarios, por no coordinar con mayor celeridad, o por no haber previsto lo imprevisible.

El Gobierno, por supuesto, tiene su propia responsabilidad y debe coordinar y aportar medios extraordinarios cuando la magnitud del desastre lo exige. Pero no puede ser la coartada permanente de las autonomías. Quien es responsable no puede vivir de culpar a otro. Y en este país ya hemos normalizado demasiado esa estrategia de escurrir el bulto. La misma mano que firma presupuestos raquíticos (entre 2009 y 2022, la inversión cayó un 49–51?%, pasando de unos 350–360 millones al año a apenas 176–180 millones) es la que después señala al Gobierno de España cuando el monte se convierte en ceniza y los afectados y la opinión pública se indignan.

Esa tendencia a desviar responsabilidades hacia otras administraciones responde a una lógica política tan arraigada como nefasta: eludir el desgaste propio y buscar un adversario al que culpabilizar. La coordinación estatal es necesaria en situaciones límite, sí, pero la primera línea de respuesta recae en las autonomías. Y aquí aflora el principal problema: no existe una verdadera estrategia común de país frente a los incendios forestales. Cada comunidad aplica sus criterios, con medios desiguales y calendarios distintos. Se repiten carencias en la formación de brigadas, se abusa de la contratación temporal y se improvisan refuerzos cuando la temporada alta ya ha comenzado.

La paradoja es que todos los informes técnicos coinciden: lo decisivo no es solo apagar el fuego, sino prevenirlo. Eso exige una política sostenida de ordenación del territorio, de limpieza de montes, de apoyo a la ganadería extensiva que reduce la biomasa y de vigilancia constante más allá de julio y agosto. Pero esas políticas requieren visión a medio y largo plazo, presupuestos estables y voluntad de cooperación entre las administraciones.

El resultado es un círculo vicioso: territorios que no invierten lo suficiente en prevención, e incluso en invierno se jactan de ello, que afrontan cada verano con recursos escasos, y que luego, cuando las llamas se vuelven incontrolables, miran hacia arriba en la pirámide institucional para reclamar más aviones, más militares, más ayuda externa. Una ayuda que, inevitablemente, en muchos casos llega tarde para los bosques ya arrasados.

La reflexión debería ser colectiva: los incendios forestales no conocen fronteras autonómicas ni electorales. La fragmentación en la gestión es un lastre que agrava la vulnerabilidad del país entero. Si no se rompe esa dinámica, seguiremos cada verano en la misma escena: pueblos desalojados, vecinos con la angustia en la mirada, autoridades multiplicando declaraciones solemnes y, cuando se apagan las llamas, la misma carrera política para eludir responsabilidades propias y señalar culpables en lugar de asumir compromisos. La naturaleza no entiende de competencias administrativas y cada hectárea perdida nos recuerda que tampoco entiende de excusas.

Los ejemplos abundan: Castilla y León ha afrontado varios de los incendios más graves de los últimos años con brigadas temporales que ni siquiera estaban contratadas en primavera. Galicia lleva décadas señalando al centralismo mientras recorta recursos y convive con un mosaico de monocultivos forestales que actúan como gasolina cada verano. Andalucía presume de planes estratégicos, pero en la práctica ha recortado los recursos, externalizado buena parte de los trabajos forestales y precarizado a los equipos de prevención. Y no son las únicas: la lista es larga, casi tanto como la superficie quemada (más de 400.000 hectáreas hasta el momento).

No hay otra forma de decirlo: las comunidades autónomas son responsables, y muchas llevan años sin cumplir. Señalar al Gobierno puede servir para la foto, para un titular de periódicos, pero no apaga incendios. Y mientras tanto, lo único que se reduce cada año son nuestros bosques. La política forestal de este país necesita menos humo retórico y más trabajo serio. Porque ya no arde solo el monte, arde también la credibilidad de quienes creen que gobernar es repartir culpas en lugar de asumirlas cuando les corresponde.

La falta de una estrategia nacional real es un agujero negro que lastra a todos. Cada comunidad improvisa con sus criterios, sin coordinación ni continuidad. Y lo peor: se sigue concibiendo el fuego como un problema estacional, cuando es un fenómeno estructural agravado por el cambio climático. Con inviernos más secos y veranos más largos, seguir actuando como si bastara con helicópteros y discursos en agosto es una burla a la inteligencia ciudadana.

Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel