La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un maltratador de 55 años como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena, amenazas y atentado a agentes de la autoridad. Este individuo rompió este sábado por octava vez el dispositivo GPS que llevan los condenados con órdenes de alejamiento de sus víctimas, y amenazó gravemente a los policías que fueron a detenerlo.
Los agentes acudieron a las 07:25 horas del pasado sábado a un domicilio de la calle Plasencia, por requerimiento del Centro Cometa, que gestiona el funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control por GPS que portan, como medida cautelar o como pena impuesta por la autoridad judicial los responsables, entre otros, los autores de delitos de violencia de género o familiar, cuando se decretan órdenes de alejamiento de las víctimas.
La presencia policial fue solicitada porque el que la portaba por orden judicial de alejamiento, tras haber cumplido condena por violencia de género, la había arrojado por la ventana de su casa, no obedeciendo la indicación de que debía comparecer en la Comisaría para que se le instalara nuevamente, al contrario, insultando y colgando el teléfono a los empleados que contactaron con él.
Cuando llegaron los agentes al lugar observaron en la acera opuesta al domicilio el dispositivo de localización, roto en varias partes y esparcido por el suelo. Al dirigirse al domicilio, el individuo les estaba esperando en el rellano y comenzó a proferir todo tipo de insultos y amenazas, abalanzándose sobre ellos, por lo que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales. Una vez en las mismas continuó con los insultos y amenazas de muerte a los agentes, además de que les iba a denunciar por malos tratos.
Quebranto de condena y económico
El detenido, al que le constan 7 antecedentes y tiene decretada la orden de alejamiento por la Audiencia Provincial de Salamanca, en vigor hasta marzo de 2019, es la octava ocasión en que hay que sustituirle el dispositivo desde que cumplió condena y se le colocó, en marzo del pasado año, ya que utiliza cualquier método posible para inutilizarlos, incluso arrojarlo en el WC, habiendo causado un perjuicio económico a la administración de más de quince mil euros (15.000 €), ya que cada dispositivo está valorado en unos dos mil quinientos euros.
Al margen del perjuicio económico y del incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad judicial, el detenido provoca continuamente intervenciones policiales –unas 180 desde el mes de marzo del pasado año-, al activar los protocolos de protección a la víctima cuando se niega a cargar las baterías del dispositivo o se acerca al lugar de trabajo de la misma, alejándose inmediatamente una vez ha generado la alarma.
