Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que la mayoría de los aranceles globales impuestos por la Administración de Donald Trump son ilegales al considerar que el presidente se extralimitó en sus funciones. La decisión, sin embargo, no es de aplicación inmediata: los gravámenes seguirán en vigor hasta el 14 de octubre para dar tiempo al Gobierno a presentar un recurso.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la corte falló que la ley en la que se basó Trump para imponer las medidas, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), no otorga al presidente una «amplia autoridad» para fijar este tipo de aranceles de manera unilateral.
La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La fiscal general, Pam Bondi, ha calificado la decisión de «errónea» y ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará para «restaurar la autoridad legítima del presidente». Por su parte, Donald Trump ha asegurado en sus redes sociales que los aranceles «siguen en vigor» y ha acusado al tribunal de ser «altamente partidista», afirmando que su anulación sería «un desastre total para el país».
Una jueza federal paraliza las deportaciones rápidas de Trump
En un segundo frente judicial, una jueza federal ha ordenado este viernes la paralización inmediata del programa de deportaciones rápidas impulsado por el Gobierno de Donald Trump. La magistrada Jia Cobb, nombrada por el presidente Joe Biden, ha determinado que el programa crea un «riesgo significativo» de que inmigrantes con derecho a solicitar asilo o a permanecer en el país sean expulsados sin la oportunidad de que sus casos sean debidamente examinados.
Este sistema de «expulsión acelerada» fue drásticamente ampliado por Trump. Durante décadas, solo se aplicaba a personas detenidas a menos de 160 kilómetros de la frontera y con menos de dos semanas en el país. La normativa de Trump, sin embargo, extendía su aplicación a cualquier persona en situación irregular en cualquier parte del territorio que no pudiera demostrar llevar más de dos años en Estados Unidos.
El Gobierno republicano argumenta que el derecho a un juicio justo, garantizado por la Constitución, no se aplica a los inmigrantes irregulares. La jueza Cobb rechazó frontalmente esta tesis, calificando de «chocante» la idea de que personas que han vivido durante años en el país no tengan derecho a recurrir a los tribunales para evitar su deportación.
