El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la condonación de 83.252 millones de euros de la deuda que las comunidades autónomas mantenían con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La medida, justificada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la «buena marcha de la economía», es un paso clave para negociar los presupuestos de 2026 y forma parte del acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
La decisión ha provocado el rechazo frontal del Partido Popular, que la califica como una «trampa» y una «cesión al independentismo».
Las claves de la medida
El Ejecutivo defiende que la quita de deuda no es un trato de favor, sino una necesidad para sanear las cuentas de las autonomías, muy endeudadas desde la crisis financiera de 2012. Según el Gobierno, esto les permitirá «recuperar autonomía financiera y política», liberando miles de millones en pago de intereses que podrán destinarse a reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda.
Para rebatir las críticas, la ministra Montero ha subrayado que la medida es para todas las regiones del régimen común y que, de hecho, 60.000 millones de euros del total corresponden a comunidades gobernadas por el PP. Las regiones más beneficiadas en cifras absolutas serán Andalucía, con una quita de 18.791 millones, y Cataluña, con 17.104 millones. Juntas suman más del 43% del total. El País Vasco y Navarra no se ven afectadas al tener un sistema de financiación propio.
Guerra política por la deuda
La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de ceder a un «chantaje» de sus socios parlamentarios. El PP sostiene que la deuda «no desaparece, sino que la pagaremos entre todos los españoles» para cubrir la «mala gestión de los gobiernos independentistas».
Este enfrentamiento ya se escenificó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las doce comunidades gobernadas por los populares protagonizaron un plante en señal de protesta. A pesar de la oposición, el Gobierno sigue adelante con una de las medidas económicas y políticas más relevantes de la legislatura.
A Castilla y León le perdonan 3.643 millones y la junta lo critica, pero no rechaza el dinero
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió este martes en que el proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas son “las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa”.
Señaló que “es la cesión permanente a los socios independentistas del Gobierno para seguir en en La Moncloa”, al tiempo que sostuvo que “Castilla y León es una Comunidad cumplidora”. “Siempre ha cumplido con sus obligaciones y lo que estamos viendo es una cesión permanente en esta materia y en otras, en todos los ámbitos”, apostilló en alusión a que este proyecto de ley surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.
Finalmente, la responsable del Gobierno autonómico insistió que “es una cesión más del Gobierno de Sánchez a sus socios independentistas y separatistas”. “La quita de la deuda es una financiación especial; lo hemos dicho siempre: son las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que el señor Sánchez siga en La Moncloa”, concluyó. No no dice que lo rechazará.
