El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aprovechado este viernes la solemne apertura del Año Judicial para defender su legitimidad en el cargo, a pesar de estar él mismo procesado. En un discurso pronunciado ante el Rey, el ministro de Justicia y la cúpula judicial en el Tribunal Supremo, ha reconocido ser «plenamente consciente de las singulares circunstancias» de su intervención.
«Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman», ha subrayado García Ortiz, en la única mención directa a su situación procesal. El fiscal general será juzgado en la misma sede del Tribunal Supremo donde ha pronunciado su discurso.
Durante su intervención, ha hecho un «humilde llamamiento» para reclamar el máximo respeto al trabajo de los fiscales, describiendo a la institución como «sólida, confiable y que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes». En esta línea, ha vuelto a defender la reforma que daría a la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales, asegurando que es «la mejor salvaguardia para la ciudadanía», lejos de la «caricatura sumisa al poder» que, según él, algunos intentan proyectar.
La Memoria Anual de la Fiscalía, presentada en el mismo acto, también aborda el impacto de su causa judicial. El documento oficial reconoce que el proceso contra el fiscal general «ha condicionado notablemente la actividad» de comunicación del organismo y «ha cohibido a muchos fiscales» a la hora de informar a los medios.
El informe advierte sobre el «delicado momento» actual, marcado por la difusión de «bulos» e informaciones «tergiversadas» que buscan «deslegitimar las instituciones públicas». Por ello, concluye que la Fiscalía tiene la obligación legal de ofrecer información transparente y proactiva, porque «si el Fiscal no informa, otros lo harán en su lugar».
