Frente a las duras acusaciones de la oposición, el Gobierno español y sus socios de coalición han cerrado filas en defensa de los manifestantes que provocaron la cancelación de La Vuelta y han justificado los hechos como una reacción popular digna y necesaria ante el «genocidio» en Gaza.
Fuentes del Ejecutivo transmitieron su «respeto máximo a los manifestantes», enmarcando las protestas como una respuesta excepcional a las «imágenes insoportables» del conflicto. «La excepción de las manifestaciones de hoy tiene un origen que todos compartimos», señalaron esas mismas fuentes, al tiempo que aseguraban la protección de los ciclistas.
Los socios del Gobierno fueron aún más explícitos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó a la ciudadanía de «ejemplo de dignidad» por no tolerar «que se normalice el genocidio en eventos deportivos». En la misma línea, el ministro socialista Óscar López afirmó que las protestas «no perjudican la imagen de España», sino que «hablan muy bien del pueblo de Madrid». Y añadió: «Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados».
Desde Más Madrid, la ministra Mónica García sentenció que la carrera «nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio», mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, aplaudió que la movilización social hiciera «lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo».
