La Junta de Castilla y León comunica en una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que encabeza el ministro Óscar Puente su rechazo a la propuesta que proponía a las comunidades autónomas asumir tráficos internos del nuevo mapa concesional estatal de transporte en autobús, a cambio de una financiación, ya que en caso contrario este departamento ha asegurado que seguirá prestando el servicio en las condiciones actuales.
Ical.- “Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”, asegura en un comunicado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, quien además lamenta la “falta de diálogo” e insta a abordar este asunto, un tema de “gran calado”, en la Conferencia Sectorial de Transporte.
Asimismo, Movilidad recordó que “se lleva pidiendo esta conferencia durante tres años y se está desoyendo el sentir de las comunidades autónomas”. En la última reunión con los directores generales autonómicos ya se retiró el punto del orden del día al encontrarse con el rechazo de once comunidades.
En ese sentido, la Junta señala que el borrador del mapa conocido en 2022 proponía suprimir 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León, por lo que consideró que “no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial» de la comunidad”.
Además, indicó que la propuesta del Gobierno carece de “financiación adecuada”, porque ofrece 40 millones para que estas rutas pasen a ser gestionadas por las comunidades y sin vocación de continuidad.
Paradas en duda
En cuanto a la otra opción, que pasa porque el Ministerio asuma los tráficos, considera que no ha quedado “claro” que vaya a mantener estas paradas en el futuro al ser deficitarias. “Hemos suscrito el mismo rechazo por la falta de garantías en la financiación y en la prestación de los servicios tal y como están en la actualidad”, indica.
Según la Junta, su modelo de transporte y el del Ministerio son “totalmente opuestos”, porque mientras uno plantea, a su juicio, la supresión de paradas, el otro ofrece de forma gratuita el servicio a todos los empadronados, como medida de fijación de población, ahorro a las familias, y acceso a otros servicios públicos.
