Mientras la ofensiva militar israelí entra en su fase final para tomar por completo Ciudad de Gaza, altos cargos del Gobierno de Netanyahu y el entorno del expresidente estadounidense Donald Trump hablan abiertamente de un futuro para la Franja que pasa por su explotación económica como un resort de lujo, previo desplazamiento forzoso de su población.
El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, ha sido el último en detallar esta visión, calificando la devastada Franja como una «bonanza inmobiliaria». En una conferencia en Tel Aviv, Smotrich aseguró que su Gobierno ya mantiene conversaciones con la Administración Trump para repartir las ganancias de un «plan de negocios» sobre el enclave. «Pagamos mucho dinero por esta guerra, así que tenemos que ver cómo obtenemos un porcentaje de la comercialización de terrenos», declaró. Con una frialdad absoluta, añadió: «Ya hemos completado la fase de demolición, que siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ahora tenemos que construir. Es mucho más barato».
Las palabras de Smotrich van en sintonía con las de otros miembros del gabinete de guerra, como el ministro de Defensa, Israel Katz, que ha insistido en la «destrucción total de Ciudad de Gaza». Para ellos, el enclave palestino es, literalmente, «una mina de oro».
Esta visión se alinea perfectamente con la propuesta de Donald Trump para transformar Gaza en la «Riviera de Oriente Medio». Un documento de 38 páginas de su Administración, revelado por The Washington Post, detalla un plan para que el enclave quede bajo un fideicomiso administrado por Estados Unidos durante al menos diez años. Este escenario contempla grandes proyectos económicos, desde fábricas a complejos turísticos, financiados con capital público y privado. Eso sí, sin los palestinos.
El desplazamiento forzoso, un crimen de guerra
El plan de Smotrich y Trump requiere una condición previa: la expulsión de los más de dos millones de palestinos que viven en la Franja. El ministro ultraderechista lo describe como una «emigración voluntaria» y aboga por el retorno de los asentamientos judíos desmantelados en 2005.
Sin embargo, el derecho internacional define esta práctica como un desplazamiento forzoso de población civil, lo que constituye un crimen de guerra. Este tipo de declaraciones y planes refuerzan los argumentos jurídicos de la acusación de genocidio contra Israel que investiga la Corte Internacional de Justicia. De hecho, un informe reciente de la ONU ha concluido que lo que ocurre en Gaza ya cumple con esta definición.
Mientras estos planes se discuten abiertamente, el ejército israelí intensifica los bombardeos y los ataques terrestres sobre una ciudad ya reducida a escombros y con un balance de víctimas que, tras casi dos años de guerra, supera las 65.000 personas.
