El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que anule la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado en la causa por presunta revelación de secretos. En el escrito, presentado por la Abogacía del Estado, se argumenta que, por su cargo, está legalmente exento de prestar este tipo de cauciones.
La defensa de García Ortiz sostiene que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado exime a los altos cargos de la obligación de prestar fianzas o depósitos en procedimientos judiciales derivados del ejercicio de sus funciones. Por este motivo, solicita que se anule la medida por completo o, de forma subsidiaria, que se rebaje considerablemente la cuantía.
Este recurso llega después de un polémico vaivén judicial. Inicialmente, el juez Hurtado fijó la fianza en 150.000 euros. Tras depositarla García Ortiz con parte de su patrimonio, el magistrado la rebajó a la mitad, 75.000 euros, al admitir un error en el cálculo inicial.
El fiscal general se sentará en el banquillo por la presunta filtración a la prensa de un correo electrónico relacionado con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
