Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será juzgado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda. La magistrada del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha acordado este lunes la apertura de juicio oral contra él y otros cuatro empresarios por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se centra en una supuesta trama de facturas falsas utilizada para pagar menos impuestos por los beneficios obtenidos como comisionista en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador una pena de casi cuatro años de cárcel.
Las acusaciones y el resto de implicados
Además de González Amador, la jueza sienta en el banquillo a otros cuatro empresarios que habrían participado en la trama como cooperadores necesarios. Se enfrentan a las mismas acusaciones de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil por los ejercicios de 2020 y 2021.
A las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado se suman las del PSOE y Más Madrid, que actúan como acusación popular. Estos partidos añaden los delitos de ilícito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.
Rechazado el intento de aplazar el juicio
La decisión de abrir juicio oral llega el mismo día en que la jueza ha rechazado la petición de la defensa de suspender el procedimiento. Los abogados de González Amador buscaban aplazar la causa hasta que se resolvieran los recursos que habían presentado.
El pasado mes de febrero, la pareja de la presidenta madrileña ya se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada.
El origen: un informe de la Agencia Tributaria
El caso nació a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que se basó en un informe detallado de la Agencia Tributaria. Dicho informe detectó «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» que no se correspondían con servicios realmente prestados. Según el fiscal, el único objetivo de esta operativa era «ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar».
