David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado su procesamiento junto a otras diez personas, entre las que se encuentra Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación pacense. La decisión del tribunal desestima el recurso de Sánchez y abre la puerta al juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en su contratación como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017.
El auto del tribunal sostiene que existen «indicios suficientes» sobre el «presunto carácter delictivo de las conductas» para continuar con el procedimiento, contradiciendo la petición de archivo de la Fiscalía, que consideraba el caso basado en «conjeturas».
Los argumentos del tribunal
La Audiencia Provincial destaca varios puntos que justifican el juicio. Sobre el delito de prevaricación, los magistrados señalan la «falta de una explicación mínimamente verosímil» sobre cómo Sánchez se enteró de la oferta de empleo y la «celeridad» con la que se gestionó el proceso. El auto sugiere que los implicados conocían su parentesco con Pedro Sánchez, apuntando a un correo electrónico en el que se usaba la expresión «han decidido» para referirse a la creación de la plaza, lo que podría indicar que el proceso estaba predeterminado.
En cuanto al tráfico de influencias, el tribunal ve indicios de que David Sánchez pudo adaptar el puesto a sus preferencias personales. También se investiga si influyó para beneficiar a un amigo, Luis María Carrero, en la adjudicación de otro puesto en la Diputación.
Además, la Audiencia rechaza el argumento de que Pedro Sánchez no era líder del PSOE en el momento de la contratación, recordando que sí lo era cuando se propuso crear el puesto y que recuperó el cargo apenas siete meses después, justo cuando se inició el nombramiento de su hermano.
Reacciones políticas contrapuestas
Desde el Ejecutivo, la portavoz, Pilar Alegría, ha expresado su «máximo respeto» por la decisión judicial y ha mostrado su confianza en «que la verdad se abra camino». En una línea similar pero más crítica, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de «curioso» el momento en que se produce la noticia, sugiriendo una intencionalidad política: «Cuando hay alguien del PP en apuros, sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del PSOE».
Por su parte, el Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha calificado la situación de «inaudita» y ha asegurado que «en cualquier democracia de nuestro entorno, esto supondría la inmediata caída del Gobierno». Muñoz ha defendido que ya no se puede hablar de lawfare, sino de un tribunal que acredita la necesidad de un juicio oral por lo que considera «los chanchullos de la familia del presidente». El PP ha vuelto a exigir explicaciones a Pedro Sánchez sobre este y otros asuntos relacionados con su hermano.
Reacciones
- Gobierno y PSOE:
- Postura oficial: Muestran «máximo respeto» por las decisiones judiciales.
- Argumento de fondo: Confían en que el proceso judicial demostrará la inocencia de David Sánchez.
- Crítica implícita (Patxi López): Insinúan que la decisión judicial podría tener una motivación política para perjudicar al PSOE y desviar la atención de los problemas del PP.
- Partido Popular (PP):
- Postura oficial: Consideran la situación «incomprensible» y un escándalo de máxima gravedad.
- Argumento de fondo: Sostienen que no es un caso de persecución judicial (lawfare), sino la confirmación por parte de un tribunal de que existen indicios sólidos de delito.
- Exigencia política: Reclaman la dimisión del presidente del Gobierno o, como mínimo, explicaciones públicas inmediatas sobre las actividades de su familia.
