El Gobierno ha reaccionado con «estupor y sorpresa» a la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular. Fuentes del Ejecutivo cuestionan los motivos del magistrado y califican de inusual la citación para un sábado por la tarde.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tachó la decisión de «surrealista», mientras que otros miembros del gabinete expresaron su rechazo de forma contundente. La vicepresidenta Yolanda Díaz insinuó que el proceso está plagado de irregularidades, afirmando que «se va a estudiar en las facultades de Derecho». Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostró su confianza en el sistema de recursos, asegurando que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio».
El PSOE y los implicados defienden la inocencia
Desde el PSOE se insiste en que no hay caso, ya que todo parte de «una denuncia de un grupo ultra con recortes de prensa y un bulo». Según fuentes del partido, el «único delito» de Begoña Gómez es ser la esposa del presidente del Gobierno.
En la misma línea, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también implicado en la causa, ha comunicado su «total tranquilidad» y se ha mostrado convencido de que el asunto «quedará en nada».
Los socios parlamentarios hablan de «despropósito»
Los socios de investidura del Gobierno han calificado la decisión judicial de «despropósito» y la enmarcan en una ofensiva judicial contra el Ejecutivo. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo considera parte de la estrategia de «quien pueda hacer que haga», mientras que desde EH Bildu ironizan con que al juez «imaginación no le falta».
Ambos partidos han restado importancia a las llamadas del PP para que retiren su apoyo al Gobierno, asegurando que no se sienten presionados y que la legislatura continuará.
