La vida política española se ha visto sacudida esta semana por una rápida sucesión de decisiones judiciales que afectan directamente al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La secuencia de los anuncios ha alimentado el debate sobre la creciente judicialización de la política.
La cronología de los hechos es la siguiente:
- Lunes: El juicio al novio de Ayuso. La semana comenzó con la noticia de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ya tiene fecha para ser juzgado. Se sentará en el banquillo a partir del 20 de enero de 2026, acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
- Martes: El procesamiento del hermano de Sánchez. Apenas 24 horas después, la Audiencia Provincial de Badajoz confirmó que mantenía la condición de investigado para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
- Miércoles: La propuesta de juicio a Begoña Gómez. La escalada continuó el miércoles, cuando se hizo público que el juez Juan Carlos Peinado proponía juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente, por un jurado popular en una de las piezas de su investigación.
Esta concentración de decisiones judiciales de alto impacto en apenas tres días ha intensificado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización de la justicia.
¿Qué es el ‘lawfare’ y por qué se menciona tanto en España?
El término ‘lawfare’ es una contracción de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra). Se utiliza para describir el uso de los procedimientos legales y el sistema judicial como un arma para desgastar, deslegitimar o anular a un adversario político.
No se trata de una denuncia legítima, sino de una estrategia que busca conseguir objetivos políticos a través de los tribunales. Las tácticas más comunes del ‘lawfare’ incluyen:
- Presentar querellas sin pruebas sólidas: El objetivo no es ganar el juicio, sino iniciar un proceso que genere titulares negativos y obligue al rival a defenderse públicamente.
- Filtraciones interesadas: Se difunden partes de la investigación o del sumario para crear un estado de opinión y una percepción de culpabilidad antes de que haya una sentencia.
- Dilatar los procesos: Se aprovecha la lentitud de la justicia para mantener al adversario bajo una nube de sospecha durante años, causando un daño a su reputación que a menudo es irreparable, incluso si el caso termina archivado.
En resumen, el fin último del ‘lawfare’ no es la justicia, sino la erosión política del oponente.
¿Cómo se aplica en el debate español?
En España, el término se ha convertido en un arma arrojadiza habitual entre los principales bloques políticos:
- El Gobierno y sus socios (PSOE, Sumar y aliados): Utilizan la acusación de ‘lawfare’ para denunciar lo que consideran una persecución judicial orquestada por la derecha y ciertos sectores de la judicatura. Citan como ejemplos las causas contra Begoña Gómez, Mónica Oltra (finalmente archivada) o Pablo Iglesias, argumentando que son campañas para desestabilizar a un gobierno progresista legítimo. Casualmente, las denuncias al entorno de Sánchez se han producido tras desvelarse el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso.
- La oposición (PP y Vox): Rechazan estas acusaciones y, en ocasiones, invierten el argumento. Sostienen que el ‘lawfare’ es una excusa del Gobierno para no asumir su responsabilidad en casos de presunta corrupción y para atacar la independencia de los jueces. Consideran que denunciar ‘lawfare’ es una estrategia para deslegitimar al poder judicial cuando sus decisiones son desfavorables.
El uso constante de este término refleja la profunda polarización y la creciente desconfianza en la neutralidad de las instituciones, convirtiendo a la justicia en un campo de batalla político más.
