El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado su absolución en el caso de la presunta filtración de datos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, no solo niega cualquier delito, sino que acusa directamente al «aparato institucional de la Comunidad de Madrid» de haber orquestado una «campaña de desinformación» para proteger a la presidenta.
La defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado, sostiene que la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo no fue una filtración, sino una reacción obligada para «salir al paso de informaciones falsas» y proteger el prestigio de la institución. Según el escrito, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió a varios periodistas «una versión manipulada de los hechos», presentando a González Amador como una víctima y afirmando que la Fiscalía le había ofrecido un pacto para luego retirarlo por «órdenes de arriba», cuando en realidad fue la defensa de González Amador quien lo propuso.
Para desmontar la acusación de revelación de secretos, el escrito argumenta lo siguiente:
- La información ya era pública: La defensa asegura que, cuando la Fiscalía emitió su comunicado, «todos los elementos de información» que contenía ya habían sido publicados por los medios de comunicación. De hecho, se afirma que al menos dos periodistas tuvieron acceso al correo clave —en el que la defensa de González Amador admitía dos delitos fiscales— antes que el propio fiscal general.
- Cientos de personas tenían acceso: Se subraya que «alrededor de 600 personas» de la carrera fiscal tuvieron acceso a las comunicaciones, lo que diluye la responsabilidad en una sola persona.
- García Ortiz actuó al final: El fiscal general no habría conocido la secuencia completa de los correos hasta casi la medianoche del 13 de marzo, pocas horas antes de que se publicara la nota aclaratoria.
Además, el documento justifica el borrado de datos en los dispositivos de García Ortiz como una práctica de seguridad habitual y una medida necesaria tras la filtración de su número de teléfono y su correo, lo que le provocó una oleada de «mensajes hostiles».
De cara al juicio, la defensa ha solicitado que declaren como testigos tanto Alberto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez.
Paralelamente, el Tribunal Supremo ya ha configurado la sala que juzgará al fiscal general. Estará compuesta por siete magistrados, con mayoría conservadora, y presidida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
