Ocho de cada diez abortos financiados con dinero público en España se realizan en clínicas privadas. Este dato es la principal denuncia del informe «El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho», que señala la externalización del servicio y una objeción de conciencia «estructural» como los dos grandes obstáculos que impiden la plena integración de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema público de salud.
El estudio, elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes y presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, concluye que el acceso a este derecho depende en gran medida de «la voluntad política de cada territorio», generando graves desigualdades geográficas que pueden llegar a vulnerar la Constitución.
La externalización: un derecho que depende del código postal
El informe critica que, en lugar de ser una prestación más de la red sanitaria pública, el aborto se deriva sistemáticamente a centros privados concertados. Esta situación provoca que en muchas comunidades las mujeres se vean obligadas a realizar «desplazamientos largos y costosos» para poder ejercer su derecho.
La ministra Ana Redondo señaló directamente a regiones como la Comunidad de Madrid, donde se ha apostado por una «externalización total», y advirtió que «cuando no se asegura este derecho de la misma manera en todo el territorio, se vulnera la Constitución».
Para solucionarlo, el informe propone que exista al menos un hospital público por provincia que realice abortos en todas sus modalidades y que, mientras persistan las desigualdades, se financien los gastos de desplazamiento de las pacientes.
La objeción de conciencia «estructural»
El segundo gran obstáculo es la falta de una regulación efectiva de la objeción de conciencia. Según el estudio, este derecho individual de los profesionales sanitarios se utiliza en ocasiones para justificar que servicios de ginecología o incluso hospitales enteros no practiquen abortos, un fenómeno que la coordinadora del informe, Lucía Candeira, calificó de «objeción de conciencia estructural».
«El derecho a la objeción de conciencia no puede suponer que quede relegado el derecho de las mujeres a decidir», subrayó la ministra.
La principal recomendación es crear registros oficiales de profesionales objetores en cada servicio de salud. El objetivo no es hacer públicos sus nombres, sino permitir una planificación que garantice siempre la existencia de equipos médicos no objetores disponibles en cada área sanitaria.
Propuestas para un acceso real y equitativo
El informe destaca que estas barreras afectan especialmente a mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación irregular. Para garantizar un acceso universal, la Federación Mujeres Jóvenes demanda, entre otras medidas:
- Integrar definitivamente la IVE en la cartera de servicios de la sanidad pública.
- Formar y capacitar al personal sanitario con protocolos homogéneos.
- Eliminar trabas administrativas, como la exigencia de empadronamiento.
- Promover una educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados.
