No contra los viejos; sí contra los privilegios

En los últimos meses se está intentando instalar en la opinión pública un discurso peligroso: culpar a los mayores de la precariedad de los jóvenes. Se repite, como un mantra perfectamente organizado, que las pensiones son una losa insoportable, que los jubilados “se llevan demasiado”, que muchos jóvenes que trabajan ganan menos que muchos pensionistas, que los trabajadores actuales y futuros no podrán sostener este sistema. El mensaje no es inocente: pretende abrir la puerta a recortes en las pensiones presentados como inevitables, para lo que previamente hay que ‘madurar’ la opinión pública a través de la opinión publicada, y en eso están ahora.

Conviene recordar lo básico: las pensiones no son un regalo ni una dádiva generosa del Estado. Son un derecho ganado, un salario diferido fruto de décadas de trabajo, cotizaciones y sacrificios. Cada euro que recibe un jubilado está respaldado por años de aportaciones. Quienes hoy cobran su pensión levantaron, con su esfuerzo, un país y un sistema de bienestar del que las nuevas generaciones también se benefician.

Resulta indignante que, antes de poner en el punto de mira las pensiones, no se debata seriamente sobre otros gastos que sí merecerían revisión: incremento de miles de millones en gasto militar; ayudas milmillonarias públicas y privilegios fiscales de la Iglesia; aparato político hipertrofiado, con cargos duplicados y asesores innecesarios; agencias públicas convertidas en agencias de colocación de militantes y familiares; empresas privadas que hacen caja de la llamada colaboración público-privada para extraer fondos públicos; puertas giratorias como recompensa de decisiones políticas favorables a intereses privados; privilegios en las pensiones de los congresistas y tantos otros aspectos que sería prolífico enumerar. La lista es larga.

El intento de rebajar las pensiones no es un hecho aislado. Forma parte de la misma estrategia que ha ido recortando en Sanidad, Educación, Dependencia o Vivienda. Se trata de desmantelar poco a poco el Estado del bienestar para transferir recursos públicos hacia intereses privados y especulativos. Debilitar lo común para engordar lo particular. Y todo ello bajo las coartadas de la “sostenibilidad” o la “modernización” que no se sostienen en análisis económicos globales sino en criterios ideológicos e intereses que, obviamente, no se atreven a confesar. 

Como en tantos otros ámbitos, el objetivo es enfrentar a los de abajo: pobres contra pobres, trabajadores precarios contra inmigrantes. En el caso de las pensiones, la jugada es clara: poner a los jóvenes contra los viejos para que no se mire hacia arriba, hacia los verdaderos núcleos de privilegio y despilfarro, hacia quienes de verdad parasitan los presupuestos públicos. Dividir para debilitar. Que el joven precario vea al pensionista como su enemigo, en lugar de mirar al banquero que especula o al político que legisla en beneficio propio o de lobbies que nunca dan la cara. La culpa de la situación de los jóvenes no es de los pensionistas sino de quien paga salarios de miseria.

Las pensiones son uno de los mayores logros de nuestro Estado del bienestar y un pilar de cohesión social. Atentar contra ellas es atentar contra la dignidad del trabajo de toda una vida. Sería un error histórico permitir que el miedo y la manipulación nos roben también ese derecho.

El debate no debe ser entre generaciones, sino entre justicia y privilegios. Porque lo que está en juego no es solo el presente de los mayores, sino el futuro de todos. Defender las pensiones es defender que ni los de hoy ni los de mañana sean abandonados a su suerte. Las pensiones no son el problema: son el derecho. El verdadero lastre no está en los jubilados, sino en los privilegios que drenan lo público. Y esa es la batalla que importa: defender lo que es de todos frente a quienes viven de todos.

Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario

@BarruecoMiguel