La Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades y un «posible fraude de ley» en la adjudicación de contratos públicos a un empresario que presentó cartas de recomendación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
En un contundente informe de más de 300 páginas remitido a la Fiscalía Europea, al que ha tenido acceso RTVE, la IGAE analiza contratos por valor de 8,4 millones de euros adjudicados por la entidad pública Red.es a una UTE (unión temporal de empresas) liderada por el empresario Juan Carlos Barrabés.
El informe concluye que el proceso de contratación se caracterizó por una «gran opacidad» y un «altísimo riesgo de arbitrariedades», incumpliendo principios básicos de transparencia. La principal anomalía es que la mesa de contratación de Red.es valoró criterios técnicos para los que no era competente, una tarea que la ley reserva a un comité de expertos independiente que nunca fue constituido.
Además, la IGAE critica que las medidas para prevenir conflictos de interés fueron «muy insuficientes» y que el sistema de puntuación era tan opaco que impedía a los demás licitadores conocer cómo se valoraban sus ofertas.
Cartas de recomendación y pruebas borradas
El informe pone el foco en las cartas de recomendación firmadas por Gómez. Según Hacienda, estas cartas no solo se valoraron positivamente, sino que su ausencia en otras ofertas se consideró un factor negativo, discriminando así al resto de competidores. La IGAE subraya que dichos documentos no eran acuerdos reales, sino «meras declaraciones de intenciones» que no obligaban a las partes.
La investigación también ha destapado que documentos clave para la valoración carecían de firma y sus metadatos habían sido borrados, lo que impide verificar quién los elaboró y si las puntuaciones son auténticas.
La investigación del juez Peinado avanza
Estos hallazgos se enmarcan en las distintas investigaciones abiertas sobre las actividades de Begoña Gómez. De forma paralela, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción, ha solicitado a la Guardia Civil que analice los correos electrónicos entre su asesora en Moncloa y el Instituto de Empresa (IE). Asimismo, el juez está sopesando prorrogar el plazo de su investigación.
