La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar por la vía del jurado popular la investigación por un presunto delito de malversación. Según su abogado, el exministro Antonio Camacho, no existe ninguna «base fáctica» para imputar este delito, por lo que un jurado no sería competente para juzgar el caso.
El recurso sostiene que no hay indicios de que Gómez participara en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ni en la autorización de su sueldo. Por tanto, argumenta que no pudo cometer malversación y pide archivar esta pieza de la investigación.
El juez Peinado investiga si Cristina Álvarez, cuyo sueldo se pagaba con fondos públicos, pudo realizar tareas profesionales o privadas para Begoña Gómez que excedían sus funciones como asesora en la Presidencia del Gobierno.
Una «ayuda puntual» y no una función pública
La defensa enmarca los correos que Álvarez intercambió con la Universidad Complutense sobre la cátedra de Gómez como una «ayuda puntual». Subraya que Begoña Gómez no cobró «ni un euro» por esa cátedra, por lo que es difícil sostener que los correos le reportaran un beneficio económico. Además, destaca que todos los mensajes se enviaron desde la cuenta personal de la asesora, no desde su correo oficial de Moncloa.
El escrito también incide en que la propia Gómez gestionaba directamente sus asuntos, como demuestra la «multitud de correos» enviados por ella misma, lo que reduce la labor de Álvarez a un simple «auxilio administrativo».
El abogado insiste en que su clienta, Begoña Gómez, «es una particular» y no puede ser considerada «funcionaria pública» para acusarla de malversación. «Como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando (…) ni participa en el ejercicio de funciones públicas», añade. En este sentido, alega que el Código Penal no puede aplicarse de forma «extraordinariamente extensiva» para castigar lo que considera un «uso social» habitual: que un trabajador realice alguna pequeña gestión personal durante su jornada laboral.
Recordando una decisión anterior del juez en la que descartó la malversación, la defensa acusa al instructor de «resolver una cosa y la contraria» sin justificar «giros tan radicales».
Las acusaciones populares piden investigar a la asesora y citar a Sánchez
Por su parte, las acusaciones populares, representadas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias. Piden que se investigue el patrimonio de la asesora Cristina Álvarez desde que fue nombrada en 2018.
Además, han pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo para «esclarecer su grado de conocimiento» sobre los hechos. También han solicitado la citación del ministro Félix Bolaños, que era secretario general de la Presidencia cuando Álvarez fue designada.
