El Gobierno ha anunciado que estudia impugnar la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar sobre un supuesto «trauma post aborto» a las mujeres que acuden a los centros municipales para interrumpir su embarazo. La medida, impulsada por Vox y apoyada por el Partido Popular, ha provocado un choque frontal con el Ejecutivo, que exige al alcalde de la capital que «rectifique» y la retire.
Tanto el Ministerio de Igualdad como el de Sanidad han confirmado que sus equipos jurídicos están evaluando la legalidad de la propuesta para llevarla ante los tribunales. «No vamos a permitir ningún paso atrás ni a consentir ninguna limitación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», sentenció la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Sanidad niega su base científica y lo califica de «acoso»
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido tajante al afirmar que «no existe un síndrome post aborto como diagnóstico clínico» y que la iniciativa carece de «evidencia científica». Para García, la medida es una forma de «violencia camuflada» y «acoso y desinformación» contra las mujeres, equiparable al hostigamiento que sufren a las puertas de las clínicas.
Desde el Gobierno se acusa al PP de haber abandonado la «centralidad» para adoptar las tesis de la ultraderecha. «Ya son indistinguibles», afirmó García, una idea en la que coincidieron otros miembros del Ejecutivo como Yolanda Díaz u Óscar López. La ministra de Educación, Pilar Alegría, calificó la propuesta de «extorsión» y reclamó a PP y Vox que «respeten el derecho a la libertad de elección que tienen las mujeres».
PP y Vox defienden la medida como un derecho a la información
Por su parte, los impulsores de la iniciativa defienden su legitimidad. La portavoz de Vox, Pepa Millán, argumentó que «los poderes públicos tienen que velar por el derecho fundamental a la vida». Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, advirtió al PP que debe cumplir el acuerdo y no «salir corriendo a paralizarlo» con excusas.
Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, enmarcó la polémica en una estrategia del Gobierno para desviar la atención «para que no se hable de la corrupción». «La información nunca es un problema», sostuvo.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, defendió la medida como una forma de «dar información respecto a los efectos» del aborto, al que calificó como «un fracaso social», y aseguró que no aceptarán «una sola lección sobre feminismo de salón» por parte de la izquierda.
