El Gobierno ha dado un ultimátum de tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid para que cumplan con la ley del aborto y pongan en marcha el registro oficial de médicos objetores de conciencia. El presidente, Pedro Sánchez, ha enviado este lunes una carta a los presidentes de estas comunidades instándoles a actuar con la «mayor celeridad posible» para asegurar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en la sanidad pública.
En la misiva, Sánchez advierte que si no se adoptan las medidas necesarias en el plazo fijado, el Ejecutivo activará «los mecanismos legales oportunos» para exigir su cumplimiento. «El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», subraya el presidente, quien lamenta que la falta de este registro «limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental».
La creación de estos registros es una obligación legal que, según recordó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca evitar que haya «mujeres de primera y de segunda» en España. Actualmente, la gran mayoría de los abortos (casi un 79% en 2024) se realizan en centros privados, una realidad que el Gobierno quiere corregir garantizando la prestación en el sistema público.
La respuesta de las comunidades ha sido dispar. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la medida por considerar que «señala» y «persigue» a los profesionales sanitarios. Desde Aragón, Jorge Azcón ha asegurado que cumplirá la ley «sin ningún problema», aunque ha acusado a Sánchez de utilizar el aborto para desviar la atención de los «problemas de corrupción». Por su parte, el gobierno de Baleares ha admitido que aún no tiene el registro, pero afirma que está trabajando en el decreto para crearlo y que, mientras tanto, la prestación «está garantizada» en sus hospitales públicos.
