La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros impuesta a cinco aerolíneas, entre ellas Ryanair y Vueling, por cobrar suplementos por el equipaje de mano. Bruselas considera que la ley española restringe la libertad de las compañías para fijar sus precios, un principio protegido por la normativa comunitaria.
Según el Ejecutivo comunitario, la legislación europea permite a las aerolíneas establecer sus propias tarifas. Aunque un equipaje de mano con «requisitos razonables» de peso y tamaño debe ser gratuito, Bruselas defiende que las compañías tienen libertad para cobrar por cualquier bulto que exceda esas condiciones. La Comisión considera que la Ley de Navegación Aérea española es demasiado restrictiva al no permitir esta diferenciación.
La reacción del Gobierno español ha sido inmediata. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha calificado la decisión de «lamentable» y ha acusado a la Comisión de «posicionarse como el abogado defensor de este puñado de grandes multinacionales». Bustinduy ha asegurado que defenderá los derechos de los consumidores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la misma línea, la OCU ha lamentado la decisión y ha pedido al ministerio que persevere en la defensa de los usuarios.
En el lado opuesto, el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha celebrado la decisión de Bruselas y ha instado al ministro a «aprenderse las leyes europeas». Coincidiendo con el anuncio, O’Leary ha comunicado que la compañía recortará 1,2 millones de plazas en España para la próxima temporada de verano.
