La Junta de Castilla y León aprobó hoy, en su Consejo de Gobierno, el decreto ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales con el que confiere a las administraciones públicas de los instrumentos jurídicos necesarios para imponer las actuaciones precisas en los terrenos privados que se encuentren dentro del anillo de seguridad para evitar el avance del fuego hacia las poblaciones.
Ical.- Esta denominación de anillo de seguridad, que según la Junta clarifica la normativa estatal de protección civil ante incendios que denomina a estas franjas de terreno como interfaz urbano-forestal, se refiere a los terrenos que combinan infraestructuras viarias y de prevención de incendios para evitar la entrada del fuego en el interior de un núcleo urbano ante los incendios procedentes del exterior, mayoritariamente forestales.
De esta forma, la nueva norma posibilita y facilita la acción de las administraciones públicas, cada una en sus competencias, para hacer efectivo que, de manera preventiva, esos anillos estén en las condiciones necesarias para evitar el avance del fuego.
Esta es una de las principales novedades que introduce el decreto ley presentado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por parte del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que justificó su aprobación, en declaraciones recogidas por Ical, ante la necesidad de “reforzar la seguridad de la población y del patrimonio natural dada la virulencia de los incendios de los últimos años”.
La nueva normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) pero que deberá ser convalidada por las Cortes, modifica cuatro leyes y cinco decretos reglamentarios y busca también agilizar los procedimientos administrativos, eliminar la burocracia y reforzar la coordinación institucional.
El decreto ley, según Suárez-Quiñones, se divide en tres apartados. En el primero, el de incremento de la protección de las personas, se incluye la integración de la prevención en la planificación y normativa urbanística a través de la regulación de las ordenanzas municipales específicas y del refuerzo de los planes de protección civil “según la previsión de la norma estatal de 2013”, además de habilitar a las Administraciones públicas para preparar los anillos de seguridad en terrenos públicos y privados.
En el ámbito de la mejora de la acción preventiva en el conjunto del territorio, el decreto ley incluye modificaciones normativas para recuperar el mosaico tradicional en el territorio con actividades agrarias que generen discontinuidades, ampliando el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales (de 20 a 30 años) y el de reversión a usos agrícolas (de 30 a 50 años). También se otorga un mayor alcance y agilidad a los procedimientos de concentración parcelaria y se autorizan roturaciones para el cultivo agrícola como prevención frente a incendios forestales.
También se pretende facilitar la gestión forestal activa con la reducción de las cargas de combustible y de las administrativas a través de medidas de simplificación como la ejecución ágil de aprovechamientos maderables y leñosos por silencio positivo de la Administración. Se eliminan, además, los supuestos de autorización previa para la apertura de vías forestales y se declara la prevención en Áreas Naturales Protegidas.
Asimismo, se mejora e impulsa la acción preventiva de la Junta con una mayor planificación que sea soporte de nuevas inversiones y acciones en materia de concienciación, disuasión, vigilancia, participación social y cultura de autoprotección, y se impulsa la acción preventiva en el entorno de infraestructuras de comunicación como carreteras y caminos.
Finalmente, el tercer grupo de reformas se dirigen a reforzar las capacidades del operativo de manera que a la nueva acción de incremento inversor se unan medidas para agilizar los trámites administrativos relacionados con la dotación de medios y la cobertura de vacantes, así como acciones de fomento de la prevención dirigidas a las diputaciones provinciales para apoyar a los municipios en esta materia.
Durante su intervención, Quiñones negó que esta nueva normativa implique reconocer que el operativo actual es “erróneo e insuficiente”, dado que, tras el acuerdo alcanzado con el Diálogo Social en 2022, las campañas de los dos años siguientes contra el fuego tuvieron resultados “muy buenos” y solo la “nueva realidad agravada” que se manifestó en agosto de 2025 ha llevado a una “reflexión serena con todos los sectores para hacer estos ajustes” en el operativo.
