La Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF) iniciará la semana que viene movilizaciones, junto a UGT y CCOO, para exigir a la Función Pública la apertura de la negociación salarial y de condiciones laborales, con el objetivo de terminar con “el abuso de la temporalidad”. Plantean, además, una posible huelga nacional.
“Las administraciones públicas contaban con 954.600 personas en situación de temporalidad en el tercer trimestre del año, lo que supone un 27,8 por ciento respecto al total de empleo, un porcentaje más del doble que la temporalidad que se registra en el sector privado”, explica CSIF en un comunicado, basándose en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este viernes.
Bajo el lema ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’, las movilizaciones comenzarán el próximo 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España y al Ministerio de Función Pública en Madrid, y seguirán con “una gran concentración” en noviembre en Madrid, “si el departamento que dirige Óscar López continúa bloqueando la negociación”, detalla CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, con presencia creciente en el sector privado.
“En el caso de que Función Pública persista en esta actitud”, las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre.
“La precariedad tiene mayoritariamente rostro femenino, ya que las mujeres suponen el 58 por ciento del total de los contratos temporales en las administraciones públicas”, advierte CSIF. “Estos datos han motivado el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento”, añade.
Ante esta situación, exigen “eliminar de una vez la tasa de reposición (que el Gobierno mantiene en la próxima oferta de empleo público), que impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación”.
Asumir responsabilidades
Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley “deben ser sancionados y asumir responsabilidad ante los tribunales”, pues “solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afectan a miles de trabajadores de nuestras administraciones”, sostienen.
Nóminas congeladas
Asimismo, CISF iniciará la semana que viene, junto a UGT y CCOO, un calendario de movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, “que mantiene congeladas las nóminas de este año e impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de condiciones laborales, como es el caso del abuso de la temporalidad”.
“Ya advertimos el pasado mes de septiembre las tres organizaciones, que representamos más del 80% del personal público que, si no se retomaba la negociación, de forma inmediata se tomarían las medidas que se considerasen oportunas”, recuerda el comunicado.
