En España el recuerdo público de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo ha sido un proceso tardío y muy lento, con frenazos y marchas atrás; aún hoy, a 50 años de la muerte del dictador, tiene tareas pendientes. También ha sido desigual: hay comunidades muy avanzadas, como Andalucía, País Vasco, Navarra o Cataluña, donde la principal asociación memorial se disolvió en 2021 por haber alcanzado sus objetivos, mientras que otras tienen mucho camino por recorrer, como Cantabria, Madrid o Baleares. Castilla y León estaría en un punto intermedio, en parte debido a las vacilaciones del PP y la oposición de Vox. En Salamanca la Asociación Memoria y Justicia viene haciendo un meritorio trabajo de décadas y precisamente el jueves pasado convocó un nuevo homenaje a los fusilados por consejo de guerra en las tapias del cementerio. (Los 173 ejecutados así son solo una parte menor de las más de mil doscientas víctimas mortales de republicanos registradas en la provincia, cuyo recuerdo se evoca en el memorial del interior del cementerio. Hablamos de asesinados en la retaguardia en una provincia donde no hubo Guerra civil).
Las instituciones tardaron mucho tiempo en asumir este asunto. Hubo que esperar a 2002 –25 años después de las primeras elecciones democráticas– para que una comisión del Congreso condenara por unanimidad el Franquismo, sin nombrarlo, y pidiera medidas legales para el reconocimiento y reparación de sus víctimas. Pero la primera Ley de Memoria no se promulgó hasta 2007 y se reveló muy limitada. El protocolo de exhumaciones no salió hasta 2011, el mismo año en que Rajoy con su indecente «cero patatero» para estas cosas. La ley quedó en el aire; recordemos, por ejemplo, que hasta 2017 no se retiró el medallón de Franco de la plaza Mayor de Salamanca, a pesar de que la ley pedía la eliminación de los símbolos franquistas de las vías públicas. Para mayor ignominia, la efigie lucía en el mismo recinto público donde fueron asesinados doce vecinos por los sublevados el 19 de julio de 1936.
Así pues, han sido las asociaciones y los familiares los que han asumido esta tarea cívica e histórica desde mucho antes, bastante antes de lo que suelen decir incluso los periodistas ‘de investigación’. Hay que contradecir a aquellos que dicen que las exhumaciones de fosas comunes de víctimas republicanas comenzaron en el 2000 en el Bierzo o, como se afirmó en un reciente programa de TV2 sobre las fosas del franquismo, que las primeras se hicieron en 1978 en Navarra. No es así: en la Rioja y Extremadura se hicieron a la vez, si no antes. En algunos lugares incluso durante la dictadura. Por ejemplo, en Soria antes de 1978 ya se habían hecho cinco exhumaciones, rescatando restos de 33 personas, y se hicieron diez más hasta 1981. Hay investigaciones en curso que mostrarán que no fueron los únicos lugares, aunque me temo que nunca se podrá conocer el alcance del fenómeno, pues muchas de ellas se hicieron clandestinamente.
Sea como sea, que 50 años después de la muerte del dictador aún estemos pendientes de culminar este asunto induce a muy sombrías reflexiones sobre la salud política y moral de nuestra sociedad. A diferencia de los países de nuestro entorno que tuvieron pasados dictatoriales, la democracia española no acaba de exorcizar los demonios del pasado y ello, entre otras cosas, facilita que vuelvan a merodear, amparados en la insania política general. Esperemos que esta resulte al final como el COVID: una epidemia muy grave, pero pasajera.
