El Ministerio de Consumo ha puesto la lupa sobre la inmobiliaria Alquiler Seguro. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto un expediente sancionador a la compañía por presuntas prácticas abusivas contra los inquilinos, con las que habría vulnerado sus derechos de forma continuada aprovechando su posición dominante en el mercado.
Sobre la mesa hay una propuesta de sanción que supera los 3,6 millones de euros (3.600.902), según ha revelado este lunes la asociación de consumidores Facua.
¿De qué se acusa exactamente a la compañía?
Según la investigación, Alquiler Seguro habría impuesto a los inquilinos varias prácticas presuntamente ilegales. Entre ellas, destaca el cobro de un supuesto «servicio de atención al inquilino» que, en realidad, encubriría gastos que por ley debería asumir el propietario de la vivienda.
Además, el expediente señala la obligación de contratar un seguro de hogar y de pagar por un estudio de solvencia económica como condiciones para alquilar. El Ministerio también investiga la inclusión de cláusulas que limitaban el derecho de los inquilinos a anular el contrato y que les cargaban con todos los gastos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Un procedimiento «en curso»
De momento, se trata de una propuesta de sanción. El expediente sigue su curso y la decisión final llegará en los próximos meses, una vez que la Secretaría General de Consumo analice las alegaciones de las partes implicadas.
El ministro Pablo Bustinduy confirmó este lunes la apertura de la investigación, aunque se mostró cauto. «No puedo opinar sobre un procedimiento que está en curso porque podría vulnerar los derechos de las partes», afirmó en una entrevista en RTVE, donde sí precisó el origen del caso: las «denuncias de los consumidores y del sindicato de inquilinas».
