El Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa a España y propone más de 300 mejoras. Amnistía Internacional señala que, aunque España es un Estado democrático con un marco legal sólido, persisten retrocesos y lagunas graves en la protección de los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó sin necesidad de votación, el Examen Periódico Universal (EPU) correspondiente a España, en el que se evaluó la situación de las libertades fundamentales en el país. Durante la sesión, Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil presentaron 324 recomendaciones, de las cuales el Gobierno español aceptó 303.
Buena parte de las recomendaciones se centraron en la lucha contra la violencia de género, una problemática que «aflige a todos los países», pero en la que España ya cuenta con un marco jurídico consolidado (Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), y se han desarrollado múltiples políticas públicas dirigidas a erradicar esta forma de violencia.
Otra de las áreas señaladas fue la lucha contra la discriminación racial ante la creciente amenaza de los discursos de odio y la desinformación en plataformas digitales. España toma nota de estas recomendaciones, reafirmando el marco legal existente, que prohíbe expresamente estas conductas, como se recoge en el Código Penal (artículos 510 y siguientes), que tipifican los delitos de odio. Sobre el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el gobierno afirma que toda conducta discriminatoria está prohibida y supone una falta muy grave que puede dar lugar incluso a responsabilidad penal; el artículo 14 de la Constitución Española garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
En el turno de réplica posterior, tras diversas intervenciones críticas con la situación en España, el jefe de la delegación española respondió únicamente a las declaraciones de la ONG israelí Institute for NGO Research, que acusó a las autoridades españolas de fomentar el antisemitismo, respondiendo que tales acusaciones son infundadas y señaló que «proceden de alguien que vive en una realidad paralela y que ignora lo que está sucediendo hoy en Gaza».
Amnistía Internacional señala que la situación de los derechos humanos en España presenta avances, pero también preocupaciones importantes, como casos de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía, especialmente en manifestaciones y en el control de fronteras. Faltan mecanismos independientes y eficaces para investigar abusos policiales. En este sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como «Ley Mordaza») sigue siendo motivo de preocupación. Se han registrado sanciones y procedimientos judiciales contra activistas, artistas y periodistas, lo que puede tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.
Se denuncian también devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, que son prácticas contrarias al Derecho Internacional. Las condiciones en los centros de detención de migrantes (CIE) siguen siendo deficientes, sin garantías suficientes para los derechos humanos.
A pesar de los avances legislativos, persisten obstáculos en la protección efectiva de mujeres víctimas de violencia de género. Falta de recursos adecuados, desigualdad en la atención y demoras judiciales afectan la respuesta institucional.
La crisis del coste de la vida ha afectado al acceso a derechos como la vivienda, la salud y la educación. Además, España sigue sin cumplir plenamente con las recomendaciones internacionales sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. La impunidad de crímenes del pasado sigue siendo una deuda pendiente.
España es un Estado democrático con retrocesos y lagunas graves en la protección de los derechos humanos, cuya defensa real requiere no solo leyes, sino también voluntad política y recursos efectivos.
Por. Yaser Bedar Sosa, defensor de los Derechos Humanos
