El Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma que transformará por completo el sistema judicial penal español. Los dos cambios más significativos son que los fiscales, en lugar de los jueces, dirigirán las investigaciones, y que se restringe notablemente la figura de la acusación popular.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que el objetivo es «modernizar» y «europeizar» el proceso penal, sustituyendo la ley actual, que data de 1882. Bolaños la calificó como la «primera ley procesal penal de la democracia» y señaló que se inspira en intentos de reforma previos de 2011 (PSOE) y 2013 (PP).
El fiscal investiga, el juez supervisa
La principal novedad es que el Ministerio Fiscal dirigirá las investigaciones penales, un modelo similar al de la mayoría de países de la Unión Europea.
Para compensar este cambio, se crea una nueva figura: el «juez de garantías». Este juez no investigará, sino que su función será supervisar la actuación del fiscal para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las partes. Tendrá la última palabra para confirmar o revocar las decisiones del fiscal.
Una vez terminada la investigación, un segundo juez decidirá si el caso va a juicio y un tercer juez será quien dirija el juicio. Según el ministro, para hacer el proceso «más ágil», solo se podrán recurrir las decisiones que afecten a derechos fundamentales.
Fuertes límites a la acusación popular
La reforma también cambia drásticamente la acusación popular, una figura que permite a entidades y ciudadanos personarse en causas penales aunque no sean víctimas directas.
La nueva ley impedirá que partidos políticos, sindicatos o personas jurídicas públicas puedan ejercerla. A partir de ahora, solo podrán hacerlo quienes acrediten un «vínculo legítimo con el interés público que se pretende defender».
Bolaños justificó la medida para «evitar fines espurios» y acusó directamente a «organizaciones ultras» de utilizar esta herramienta para «perseguir a los que son progresistas».
Otros contenidos:
- Fiscal General del Estado: Su mandato se amplía a cinco años, desvinculándolo del ciclo del Gobierno, y se endurecen las causas para su cese, buscando mayor independencia.
- Garantías: Se refuerzan los derechos de los investigados, con revisiones automáticas de la prisión provisional cada seis meses. También se amplían las garantías de las víctimas, especialmente de menores o personas vulnerables, para evitar su revictimización.
- Entrada en vigor: La reforma tendrá una implantación muy progresiva. No entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028 y no afectará a los procedimientos ya iniciados, que seguirán con la ley actual.
