El PP saca la orden ministerial sobre el centro de inmigrantes

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Salamanca denunció este lunes que tanto el PSOE como el Gobierno de España «están mintiendo descaradamente» a los salmantinos al negar la intención de convertir la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún de la carretera de Aldealengua en un centro de acogida para inmigrantes. Un propósito que queda claramente indicado en la documentación presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca el pasado 27 de octubre para solicitar la licencia de obra. Los socialistas culpan a la Junta de dejarlo abandonado al abrir la nueva residencia en Puente Ladrillo, y al Ayuntamiento de no hacer nada «para evitar que dicho edificio pudiera convertirse en un peligro».

«Es falso por tanto que no está en los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo”, insiste el PP que aporta la orden ministerial en la que se vincula la reforma de la antigua residencia a la creación de un centro de migrantes.

El PP afirma que este propósito ya estaba claro cuando en diciembre de 2024 la empresa pública Tragsa, en representación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó una declaración responsable para iniciar las obras en la antigua residencia ubicada en el número 2 de la carretera de Aldealengua. Aquella declaración venía acompañada de una propuesta de acondicionamiento donde se detallaba el uso que se le iba a dar, que no era otro que un centro de acogida de inmigrantes con 448 plazas, el doble de las que contaba la residencia al sustituir las camas individuales por las literas.

En aquel momento el Ayuntamiento paralizó los trabajos que se habían iniciado al requerir esta actuación una licencia de obra y no ser suficiente una declaración responsable. «A pesar de la intencionalidad clara del Gobierno para este inmueble, el 20 de febrero de 2025 el delegado del Gobierno en Castilla y León dijo que el edificio no tenía un uso definido. Falso», dicen los populares.

Ese mismo día 20 de febrero, la subdelegada del Gobierno mantuvo una reunión con representantes de la asociación Puentelave para informarles de que se iban a hacer tareas de adecuación de la residencia, pero que todavía no estaba definido su uso. Falso.

El pasado 21 de septiembre, poco más de un mes antes de presentar la documentación para solicitar la licencia de obra, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en una entrevista en un medio local que no había una decisión tomada. Falso. La decisión estaba tomada porque algunos de los documentos presentados al área de Urbanismo fueron firmados en abril de 2025. Eso lleva a pensar que la presentación de la documentación en estos momentos responde a cálculos políticos.

En todo este tiempo «ningún representante ni del Ministerio, ni de la Delegación del Gobierno, ni de la Subdelegación del Gobierno se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para informar de este proyecto. Es lo mínimo que se le puede pedir a una institución que desea poner en marcha un centro de cualquier tipo en la ciudad», afirma el PP.

La orden firmada por la ministra Elma Saiz declara “la urgencia y el excepcional interés público del proyecto”. Afirma que “en el marco del contexto de emergencia migratoria (…) ha considerado necesaria la apertura de un nuevo dispositivo de acogida y atención humanitaria que se alojará en la antigua residencia San Juan de Sahagún hasta ahora perteneciente al Patrimonio de la Seguridad Social”. Asimismo, indica que se aprecia “la concurrencia de razones de urgencia y excepcional interés público en las obras descritas en el proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacios para migrantes en la residencia San Juan de Sahagún”. La memoria descriptiva del proyecto indica además que finalmente el número de plazas previstas será de 460 y no de 448 como estaba previsto inicialmente.

Además de contravenir la orden autonómica de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León del 28 de octubre de 2024 donde se establece una capacidad máxima de 120 plazas para este tipo de centros, este proyecto deshumaniza al inmigrante al pretender hacinar a estas personas duplicando la capacidad que tenía cuando funcionaba como residencia de mayores. De hecho, se pretende eliminar el servicio de lavandería dotando al edificio de pilas lavadero que son “más acordes con sus costumbres” tal y como reza la memoria descriptiva del proyecto.

El grupo municipal popular cree que «es inconcebible que un Gobierno que ningunea a Salamanca le entren las prisas para acondicionar un centro de acogida de inmigrantes sin contar ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos, a los que les miente y les toma el pelo».

El PSOE

“La realidad en torno a este tema” ha afirmado la socialista María Sánchez, “es que el edificio se encuentra en un estado lamentable, a expensas del vandalismo, en riesgo de ocupaciones ilegales tras el abandono al que ha sido sometido por parte de la Junta de Castilla y León tras dejar la gestión de la residencia de mayores allí ubicada”.

Ante esta situación, “y la desidia, dejadez, ausencia de actuaciones y medidas por parte del Ayuntamiento de Salamanca para evitar que dicho edificio pudiera convertirse en un peligro” ha añadido, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, actual titular tras la cesión hecha por la Seguridad Social, “se ha presentado la documentación que había sido requerida por el propio Consistorio para poder continuar con los trabajos de rehabilitación del edificio y evitar el riesgo de ruina, trabajos que ya habían comenzado y que fueron paralizados” Los socialistas salmantinos exigen que se dejen a un lado “los cálculos electorales” y tanto desde el PP como del Ayuntamiento de la capital “se aborden estos temas con responsabilidad institucional, contención y sin faltar a la verdad” tras concluir que cualquier decisión que en un futuro se tome en relación a esta cuestión “se tomará respetando escrupulosamente la legalidad vigente”.