El exministro de Transportes y actual diputado por Valencia, José Luis Ábalos, se acerca al banquillo de los acusados.
El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto de procesamiento (equivalente al pase a procedimiento abreviado) contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El magistrado les propone juzgar por su presunta implicación en la trama de contratos irregulares de mascarillas, señalando indicios consistentes de los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Sospechas de pagos a cambio de influencia
Según el auto, al que ha tenido acceso RTVE, existen «muy consistentes indicios» de que el empresario De Aldama entregó sucesivas cantidades de dinero a Ábalos y Koldo García con el objetivo de que estos «efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos«.
El juez sostiene que tanto el exministro como su exasesor recibieron estas retribuciones económicas como contraprestación por sus «conductas desleales» y en ejecución de un «proyecto delictivo» que los unía.
El rol de los acusados en la presunta trama, según el instructor, sería:
- De Aldama: Encargado de localizar a empresas dispuestas a pagar comisiones a cambio de contratar con la Administración, obteniendo un beneficio económico.
- Koldo García: Aprovechando su posición de asesor y la «confianza absoluta» del ministro, se encargaba de las gestiones necesarias para el grupo.
- José Luis Ábalos: Su «intervención personal» se reservaba para los momentos en que su firma o su «directa influencia fueran indispensables».
La Fiscalía tiene ahora la palabra
Con esta decisión, la causa centrada en los contratos de mascarillas da un paso definitivo. El juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares (lideradas por el PP) para que presenten sus peticiones de archivo o, si lo estiman oportuno, sus escritos de acusación.
Cabe recordar que el magistrado dividió el caso el pasado septiembre, dejando esta parte de las mascarillas como pieza principal al considerarla la más avanzada, mientras que la investigación sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública (donde también están imputados los tres) quedó en una pieza separada por estar en una fase «muy incipiente».
