El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto clave, al que ha tenido acceso RTVE, en el que rechaza archivar la causa que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La investigación se mantiene abierta por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
Además de rechazar el archivo, el magistrado ha decidido ampliar las diligencias y ha realizado una nueva imputación: la de Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. González ha sido citada a declarar el próximo 12 de noviembre.
Más investigados y la sombra de los fondos europeos
La decisión del juez afecta a más implicados en el caso:
- Cristina Álvarez, asesora de la esposa del jefe del Ejecutivo en Moncloa, sigue siendo investigada por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.
- Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, se mantiene imputado por malversación de caudales públicos.
- Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario, continúa en la causa por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Este empresario está en el punto de mira tras un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que alertó en septiembre de un posible fraude de ley y discriminación en contratos que le fueron adjudicados tras ser recomendado por Begoña Gómez, un hecho que también es objeto de investigación por la Fiscalía Europea por posible afectación a fondos de la UE.
La metáfora de las gallinas para justificar la malversación
El juez Peinado utiliza jurisprudencia, como la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, para sustentar la investigación por malversación, un delito que, según cita, se basa en la «deslealtad en la administración de fondos públicos», más allá de que exista o no un perjuicio económico directo.
El magistrado también ha respondido a los argumentos de la defensa que comparaban la situación de la asesora de Begoña Gómez con asistentes de Ejecutivos anteriores. Rechazando la comparación, Peinado ha recurrido a una metáfora clara: «No puede utilizarse el argumento de que ‘como esa persona ha robado una gallina, yo puedo robar tres o cinco gallinas'».
Finalmente, el juez ha accedido a varias peticiones de diligencias, entre ellas la de requerir a la Presidencia del Gobierno las agendas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que la UCO analice si sus actividades, especialmente las realizadas por la asesora, eran de carácter personal o profesional.
