Niñas y niños indígenas violados en Perú

En el año 2024, se expusieron en los medios peruanos más de 532 casos de violaciones sexuales a niñas y adolescentes pertenecientes a los grupos étnicos Wampís y Awajún, con denuncias que datan desde el 2010. Frente a ello, el entonces Ministro de educación, Morgan Quero, y la entonces Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ángela Hernández, minimizaron la situación declarando que se  trataba de «prácticas culturales».

En julio 2024 se estimó un incremento de casos por encima de 900, y decenas de niñas y adolescentes habían sido contagiadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana-VIH, a resultas de lo cual algunos han fallecido. Las denuncias del Consejo de Mujeres no sólo no son atendidas con celeridad, sino que han generado que sus lideresas sean amenazadas, mientras los agresores son reubicados en otras instituciones, donde son libres de seguir cometiendo abusos. Los causantes no sólo son hombres de la comunidad; se denuncia que algunos trabajan como promotores en residencias estudiantiles o albergues y que mineros ilegales y efectivos policiales también participan en estos delitos.

La impunidad frente a las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes indígenas no es un problema aislado: es estructural, antiguo y vigente. En múltiples procesos judiciales, -donde el presunto agresor proviene de comunidades indígenas- se invoca la figura del “Error de comprensión culturalmente condicionado” para eximir o atenuar su responsabilidad penal. Ésta figura, desarrollada por el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, pretende reconocer la diversidad cultural, permitiendo que un individuo no sea penalizado con la misma severidad cuando, por su contexto cultural, no logra comprender la ilicitud de su conducta en la “localidad cultural dominante”. En la teoría, busca un equilibrio entre justicia penal y respeto intercultural. En la práctica peruana, sin embargo; es una coartada para la impunidad.

Desde la lógica estatal, no se podría castigar a personas cuyas costumbres incluyen mantener relaciones con menores de edad; el ejemplo más usado de “costumbre aborigen” es el servinacuy, que implica la “convivencia a prueba” entre una pareja de novios durante meses o un año, siendo normalmente el varón  mucho mayor que la mujer, y ésta una niña que acaba de tener su primera menstruación.

Pero no se trata de mirar la antigüedad de esa costumbre, sino su vigencia. ¿No es acaso una característica de la costumbre su permanencia en el tiempo y aceptación comunitaria? Y aun si lo fuera ¿No es el consentimiento manifiesto de una menor de 14 años en Perú jurídicamente inválido? ¿No son acaso los derechos fundamentales a la integridad y libre desarrollo de la personalidad de los menores de ponderación constitucional y convencional? Y si realmente se tratara de una conducta culturalmente permitida ¿Por qué entonces se denuncian penalmente estos hechos?

Sencillo: porque los actos de violencia sexual no son prácticas culturales. Calificar una violación como parte de la cultura indígena es perpetuar una mirada racista y colonial, que asume que los pueblos originarios no comprenden el principio de no dañar y que sus integrantes no merecen la misma protección del estado.

“He atendido a niñas violentadas, desgarradas, las he recibido ensangrentadas” es lo que manifestó Rosemary Pioc presidenta de Comuawuy. Sus palabras no describen solo cuerpos heridos, sino infancias quebradas. Esas niñas y niños sienten dolor, humillación y culpa, como cualquier niña o niño en cualquier parte del mundo.

Tienen derecho a vivir, crecer, desarrollarse libres de violencia y de discriminación. Porque la infancia indígena también es infancia, y cada silencio institucional frente a su sufrimiento es una forma más de violencia.

Los casos denunciados por losgrupos étnicos Wampís y Awajún se suman a la larga lista de denuncias por parte de personas pertenecientes a otras comunidades originarias, que esperan de las entidades estatales acciones de justicia.

El problema no está en las comunidades. El problema está en un Estado que no escucha, no actúa y no protege. Un Estado alejado de los Derechos Humanos.

Por. Gianella Nicole Gonzales Diaz, defensora de los Derechos Humanos