El juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026.
Ambos serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la contratación de David Sánchez como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
La acusación: un puesto creado «a la carta»
La causa judicial se inició tras una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. En mayo pasado, la jueza de instrucción del caso decidió enviar al banquillo a David Sánchez y a otras diez personas, incluyendo a Gallardo.
El auto de procesamiento sostiene que el hermano del presidente tenía «conocimiento previo» de que el puesto de coordinador de los conservatorios fue «creado para él», y que su participación en la convocatoria y la entrevista fue solo para «simular la legalidad formal del procedimiento».
La jueza considera que la creación de la plaza fue impulsada por personas del entorno de David Sánchez, quienes conocían su «necesidad» de un empleo estable en ese momento. Se señala que el objetivo de esta decisión, tomada por Gallardo y otros responsables de Cultura, era que la plaza fuera ocupada por él.
La acusación popular (que agrupa a Manos Limpias, Vox, PP y otras organizaciones) va más allá: alega que David Sánchez «no desempeñó su puesto de trabajo» habitualmente, aunque sí percibió el salario, y que adaptó las condiciones del cargo a «sus preferencias personales», incluso influyendo para la contratación de un conocido, Luis María Carrero.
Peticiones de pena
- Acusación Popular: Pide tres años de prisión por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
- Fiscalía: Ha solicitado el archivo libre del procedimiento y la absolución de todos los procesados. El Ministerio Público argumenta que las conclusiones de la jueza se basan en «conjeturas e hipótesis» y que no existen indicios «patentes, claros e irrefutables» de criminalidad que sostengan la acusación de que el puesto fue creado «a la carta».
La Audiencia Provincial ha fijado las sesiones del juicio a partir de las 10:00 horas, con la posibilidad de extenderse por las tardes.
