En este momento, como en casi todos los momentos, como en el que estamos viviendo, de cambios extremadamente radicales y profundos, no podremos avanzar como sociedad si no tenemos una estrategia apropiada para la cualificación de las personas trabajadoras. Si no disponemos de una formación moderna, en línea con los países de nuestro ámbito político, será complicado acometer las transformaciones que tenemos que afrontar. Se hace necesario coordinar los instrumentos que coexisten actualmente, como son los diversos observatorios que se usan para prospecciones del mercado de trabajo, para la acreditación de competencias o para la orientación profesional. Teniendo en cuenta una máxima en todo este asunto, la capacitación de cada una de las personas trabajadoras se desarrolla en cada una de sus etapas profesionales.
No hay transformación posible sin formación, la actualización permanente de las competencias profesionales se convierte en algo imprescindible, quedando aparcado el estereotipo en el que la formación sólo estaba presente en la etapa inicial de nuestras vidas. Por supuesto, una de las variables más sensible a las actuales transformaciones en el mundo del trabajo son las acreditaciones de competencias profesionales, entendiendo como tales las habilidades y capacidades de la clase trabajadora para adaptarse y aprender en las circunstancias cambiantes.
En los últimos tiempos se han iniciado importantes procesos de reformas legislativas en los diferentes sistemas de cualificación laboral, estas reformas serán fructíferas si se adecuan a las necesidades de un más que mejorable tejido productivo. Además, se debe coordinar el actual sistema de formación continua en el ámbito empresarial, el del sistema universitario, el de la formación profesional, etc., contando con la activa participación de los agentes sociales.
Se hace necesario impulsar una directiva europea que reconozca de forma efectiva el derecho a la formación a lo largo de la vida laboral de las personas trabajadoras, tanto si están desempleadas como si están empleadas, que garantice las condiciones para su ejercicio y la duración en el tiempo, en forma de permisos de carácter retribuido para la formación. También es necesario aumentar los recursos de los fondos sociales europeos destinados a la formación profesional en el trabajo. Hay que avanzar en la centralidad de la formación, para que la transición digital y verde sea justa. Debemos dar forma a un europeísmo laborista que ponga los intereses de las personas trabajadoras y los derechos laborales en el centro. Necesitamos una Unión Europea que codifique los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales para hacerlos vinculantes y que defienda un protocolo de progreso social.
En lo referido a las empresas, no podemos olvidar las obligaciones que tienen respecto a solicitar con antelación al inicio de las acciones formativas el informe a la representación sindical sobre actividades programadas. La programación debe incluir todas las acciones formativas, incluida la de los permisos individuales de formación, la formación obligatoria y la formación específica del puesto de trabajo, tanto la bonificada como la no bonificada.
Hay que recordar que cuando exista desacuerdo entre la empresa y la representación sindical, respecto a las acciones formativas, las discrepancias serán objeto de examen por la estructura o comisión paritaria sectorial, si existiera. En el supuesto de que no se mediara, no existiera tal estructura o comisión, el SEPE dictará resolución cuando proceda. Es práctica habitual que la paritaria sectorial no medie por oposición patronal, a pesar de que la ley otorga esta facultad. En esos casos la representación sindical está facultada para exigir que la negativa de mediación se realice a través de un informe que debe ser motivado. Si no se justifica esta negativa, se puede denunciar ante el SEPE o la Inspección de Trabajo este hecho. Según datos de Fundae, las empresas han reducido la inversión en formación en los últimos años. Por otro lado, los datos que ofrece el INE sobre costes laborales demuestran que el recorte de las empresas en formación es menor en sectores con negociación colectiva sectorial estatal y mayor en las empresas que no tienen negociación colectiva propia, lo que subraya la importancia de reforzar la formación continua a través de la negociación de los convenios colectivos.
Por. José Antonio Gallego, de CCOO
