El que fuera administrador único en Avanzalia System, Carlos Galdón Cabrera, aseguró este martes que abonó tres millones de euros a la “banda” formada por el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, el exviceconsejero Rafael Delgado, y su abogado Jesús Rodríguez Recio para desbloquear la conexión de la planta solar de Zarapicos, en la provincia de Salamanca. Por lo tanto, el presunto cobro de comisiones por parte de Delgado no se limitaba a la instalación de los parques eólicos.
Ical.- Galdón, que en un primer momento fue encausado en la supuesta trama eólica por delitos de prevaricación, blanqueo y defraudación fiscal aunque posteriormente fue excluido por el Ministerio Fiscal por haber prescrito el delito, declaró en calidad de testigo en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada ‘trama eólica’ que ingresó tres millones de euros en el banco Lloyds Bank del Principado de Mónaco en el año 2000 en dos cuentas.
Un pago que, recordó, se produjo después de que recibiera una llamada de Aguirre para que se permitiera la conexión de 10 megavatios de una segunda planta solar de Zarapicos, con una inversión de 66 millones, tras la puesta en marcha de la primera de megavatio sin ningún problema. “A finales de 2006, se nos bloquea por parte de la Sección de Industria y Energía de la Junta -el consejero Villanueva, Delgado y su mano derecha Rodríguez Recio- esta instalación, al carecer de autorizaciones para conectar a la red la planta. Pasaron meses sin noticias y un día recibo una llamada de un señor, un tal Francisco Aguirre, que dice que teníamos que pagar tres millones para desbloquear esta situación. Tuve que ceder por que esos momentos estábamos ahogados y a punto de ir a la cárcel por la presión de los inversores”, explicó.
El que también fuera presidente de la farmacéutica GSK (GlaxoSmithKline) recordó, según recogió la Agencia Ical, que, tras la “intermediación” de Aguirre, Avanzalia System recibió la autorización para la conexión de la planta solar el 28 de mayo de 2007. A continuación, conoció a Rodríguez Recio y Rafael Delgado, con los que dos meses después firmó un acuerdo con la sociedad de Aguirre (Aguiase) de un contrato de prestación de servicios, en el que se establece la consecución de un permiso para el parque eólico de Peña Cabra (Salamanca), con una potencia de cien megavatios, que pertenecía a Gamesa, al cambio del pago de 8,1 millones de euros.
En un primer momento, se abonaron 1,5 millones de euros pero no el resto por que consideró que fue un “engaño” por que se había dicho que el parque tenía 3.000 horas pero la realidad es que no llegaba a las 2.000 y “no era rentable”. Por lo tanto, devolvieron el parque a Aguiase. “Jesús Rodríguez Recio era la voz de su amo y la mano derecha de Rafael Delgado, con quien mantuve tres o cuatro reuniones y viajamos juntos a Japón”, sentenció. En este sentido, manifestó que la relación entre ambos era muy estrecha, hasta el punto que manifestó que en una ocasión Recio le trajo un listado que le había pasado Rafael Delgado con los parques donde podía invertir.
Posteriormente, en 2009, Carlos Galdón apuntó que Avanzalia construyó la tercera fase del parque solar de Zarapicos, con dos megavatios de potencia, pero que también tuvo problemas por que Iberdrola no les daba capacidad para su conexión a la red eléctrica, al apuntar que la línea “estaba ya saturada”. Dos megavatios que, precisó, correspondían a 13 plantas, por lo que el empresario remitió a la Junta un escrito para pedir amparo frente a Iberdrola y mediara en el conflicto. Al final, Galdón y su empresa tuvo pagar otro peaje, con la venta de siete plantas solares a un precio muy inferior al del mercado. “Cada planta costaba 700.000 euros pero Aguirre y Recio solo nos pagaron esa cantidad por siete, al precisar que no tenían acceso a la red. Era la única manera de desatascar la conexión”, explicó. Finalmente, ellos, según su relato a preguntas del Ministerio Fiscal, lograron la conexión eléctrica con Iberdrola en diciembre de 2009.
Augusta Wind vende a ACS
La jornada del juicio de hoy contó también con la declaración del que fuera administrador de la empresa Augusta Wind, José María Campos Delgado, quien manifestó que se vio “obligado” a vender los proyectos de cuatro parques eólicos (Lora 1 y 2, cerca de Aguilar de Campoo; Arroyal y Páramo) a la empresa ACS, después de varios años a la espera de recibir autorización, pese a contar con la declaración de impacto ambiental (DIA). “Me consideraba perjudicado por la venta, por que no llegamos ni a cubrir los gastos como medidores, estudios y viajes”, señaló. Además, tuvo que renunciar a casi una treintena de proyectos de parques, en los que ya había realizado inversiones.
Campos manifestó que, tras varias visitas al Ente Regional de Energía (EREN), le llamó el entonces jefe del Departamento de Energía Renovable, Rafael Ayuste, quien le dijo que había que “repartir la tarta” y le recomendó que la única manera de conseguir autorizaciones para los proyectos de Augusta Wind era contar con socios locales, en lugar de la empresa alemana Nordex. Finalmente, él y su mujer vendieron en febrero de 2005 las participaciones en la empresa al comprobar los “problemas” que había en el negocio de energías renovables, al igual que los tuvo en Cataluña, aunque el precio era, a su juicio, muy inferior a lo que valían.
En el mismo sentido, se pronunció otra socia de Augusta Wind, María del Mar Redondo, quien apuntó que el precio ofrecido por los cuatro parques a los que tenían que renunciar era “ridículo”, al recordar que fueron 10.000 euros por cada megavatio cuando apuntó que el coste era diez veces mayor. Al final, tras una nueva reunión de José María Campos en el EREN, consiguió que la oferta subiera hasta los 38.000 euros por megavatio. En este sentido, apuntó que, como titular del 50 por ciento de la empresa, recibió, al final de todo el proceso, tres millones de euros por parte de ACS por la venta de sus participaciones de Augusta Wind, después de haber sido una de las primeras empresas en invertir en Castilla y León en la promoción de los parques eólicos.
Delgado, socio en 4Innovation
Otro de los testigos de la mañana fue Carlos Fernando Marquerie, de la mercantil 4Innovation, una sociedad en la que Rafael Delgado entró como accionista en 2013 al mostrar su interés en las startups, tras la firma de un contrato en que se comprometía a abonar un millón de euros, al tener un patrimonio familiar. Finalmente, no se invirtió ese dinero y el exviceconsejero de Economía aportó 115.000 euros para la compra de una serie de acciones y el compromiso de apoyar a la compañía con contratos comerciales, en concreto en Francia.
Marquerie añadió, según Ical, que, tras publicarse las primeras noticias de la supuesta ‘trama eólica’, reclamó la salida de Rafael Delgado de la empresa al considerar que le perjudicaba a su imagen, sobre todo en un momento que estaba en plena captación de inversiones en Colombia. “El ex viceconsejero de Economía y su letrado Eleuterio Gordaliza me dijeron que no se iban y me pidieron un millón de euros para su salida”, señaló.
Además, el administrador de la mercantil 4Innovation subrayó que, en algún momento, Delgado le propuso la entrada en una sociedad polaca, que “nada tenía que ver con el negocio tecnológico”, donde estaba Alberto Esgueva, otro exalto cargo de ADE de la Junta. “Lo rechacé por que la situación era muy tensa”, concluyó.
