Dos periodistas más confirman que conocían el pacto del novio de Ayuso antes que el fiscal general

Dos periodistas clave en la cobertura del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han ratificado ante el Tribunal Supremo que conocieron la confesión de dos delitos de fraude fiscal y la oferta de pacto a la Fiscalía antes de que el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, buscara la información.

Ambos declararon como testigos en el juicio contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en este caso, negando rotundamente que el fiscal general fuera su fuente.

Las fuentes de la exclusiva

• Miguel Ángel Campos (Cadena Ser) adelantó el contenido del correo electrónico con la oferta de pacto la noche del 13 de marzo. Aseguró que tuvo acceso al mail cerca de las 15:34 horas de ese día, pero que no lo publicó de inmediato porque su fuente, amparada por el secreto profesional, no le dio permiso.
• José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela (ex subdirector de El País) confirmó que consiguió la información el 12 de febrero, un mes antes que García Ortiz. Aseguró haberla obtenido de una fuente «muy fiable de la Comunidad de Madrid», enfatizando: «Conocíamos los hechos mucho antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlos». Explicó que la publicación se demoró para contrastar la información, siguiendo el libro de estilo del periódico.

La negativa sobre García Ortiz y el secreto profesional

Ambos informadores negaron que García Ortiz fuera su fuente.

Campos relató que, de hecho, intentó llamar al fiscal general para confirmar lo que ya le había llegado por otra vía, pero García Ortiz «nunca» le devolvió la llamada. «Llevaba toda la tarde intentando obtener la información (…) y lo que hice fue llamar al fiscal general para ver si me lo confirma», explicó.

Por su parte, Romero-Salazar indicó que su fuente es alguien de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, si bien no precisó la identidad, acogiéndose también al secreto profesional. Detalló que contactó con su fuente para contrastar las declaraciones de Ayuso, que hablaba de «cacería» y de que Hacienda le debía dinero a su pareja. «Mi fuente, en legítima defensa, me dice que no solo no es una cacería, sino que el abogado había sido quien reconoce los delitos y que su cliente se aviene a pagar una multa», explicó.

Críticas a la nota de prensa de la Fiscalía

En la misma jornada, Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), calificó de «insólita» la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo, que revelaba el contenido literal del correo del pacto.

Ribón, cuya institución ejerce como acusación popular, señaló que no era «preciso revelar el contenido literal» y que la nota causó una «honda preocupación» por «fracturar el derecho de defensa» y la confidencialidad de las negociaciones entre abogados y fiscales. El ICAM solicita para García Ortiz una pena de cuatro años de cárcel y tres de suspensión de cargo público.

Borrado de dispositivos

Finalmente, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, defendió la decisión de García Ortiz de borrar el contenido de su teléfono móvil y su cuenta personal de Gmail. Argumentó que el fiscal general tenía la «facultad» de borrar la información de sus dispositivos si la consideraba sensible, ya que era el «responsable» de la misma. Hidalgo negó, además, que la nota de prensa de la Fiscalía constituyera una «violación de seguridad».