Cada vez son más virales los vídeos que muestran detenciones brutales llevadas a cabo por la policía de fronteras de Estados Unidos: imágenes desgarradoras de familias separadas, agentes reduciendo a personas contra el suelo y, en general, tratándolas de manera agresiva e injustificada. Los agentes suelen apuntar a una determinada población, sea por el idioma que hablan o por sus rasgos físicos. A pesar de que las normas internas policiales establecen que solo está justificado el uso de la “fuerza necesaria” para controlar al detenido, protegiendo y asegurando su integridad, las imágenes muestran un patrón de brutalidad y se multiplican los testimonios de atropellos incesantes a ciudadanos pacíficos.
Ello me lleva a plantear si estas actuaciones son conformes al derecho estadounidense y, de forma más amplia, al derecho internacional. Es pertinente preguntarse si los agentes están cumpliendo con los límites que impone la ley o si, por el contrario, sus acciones constituyen violaciones claras de los derechos humanos: desde la aplicación de criterios discriminatorios en las detenciones, hasta la vulneración del derecho a la integridad física de las personas que hoy aparecen reducidas y humilladas en redes sociales. Como señaló Paul O’Brien, director de Amnistía Internacional Estados Unidos: “Las propias redadas tienen su raíz en la discriminación racial y la violación sistemática de derechos.”
Donald Trump ha azuzado la política antimigratoria declarando que los inmigrantes ilegales están “envenenando la sangre de nuestro país”, y ha tomado numerosas acciones contra ellos. Pese a que esta policía especial opera desde 2023, ahora ha cobrado un especial protagonismo y ha sumado nuevos efectivos atraídos por incentivos especiales que podrían explicar, al menos parcialmente, por qué algunos detienen a personas con cualquier pretexto.
Además, en Estados Unidos empresas privadas gestionan centros de detención; una de las más relevantes, la del GEO Group, tiene un largo historial de denuncias por maltrato físico y psicológico a los reclusos. Testimonios recogidos por Human RightsWatch ponen de relieve la violencia, el aislamiento y las represalias que se toman contra los ciudadanos que pretenden defender sus derechos, y en un informe publicado en julio de este año, denuncia una violación sistemática de los derechos humanos dentro del sistema de detención estadounidense. El panorama que se dibuja es el de un mecanismo que no solo intimida y produce terror en quienes migraron en busca de un futuro mejor, sino que también los degrada, deshumaniza y castiga por su mera existencia.
Más allá de las fronteras y las leyes, lo que está en juego es la humanidad misma. Ninguna política de seguridad puede justificar la humillación ni el sufrimiento de seres humanos, independientemente de su lugar de nacimiento, tono de piel o idioma.
Por. Vianca Muro Ponciano, defensora de los Derechos Humanos
