Desde 2008, Naciones Unidas han recomendado a España en hasta once informes que adopten medidas concretas y efectivas para poner fin a la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
El 20 de noviembre de 1975 sigue siendo, para un porcentaje importante de los españoles, una fecha en la que cada uno recuerda perfectamente qué hacía ese día, así como la noticia del fallecimiento del dictador. Por ello, resulta sorprendente el revival hacia la figura del mismo que se está produciendo en los últimos años fomentada, entre otras causas, por las redes sociales, olvidando lo que supusieron para este país cuarenta años de dictadura fascista.
El llamado por los sublevados Alzamiento no fue otra cosa que un golpe de Estado contra un régimen democrático, con un Gobierno votado mayoritariamente por los españoles de la época, organizado y planificado con anterioridad. Hoy día se conocen, a través de las investigaciones históricas, los acuerdos pactados con Italia y Alemania para el suministro de material militar y el apoyo directo en la guerra. El resultado de la contienda fueron alrededor de medio millón de exiliados y más de 100.000 ejecutados en las fosas comunes; figurando España como el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos en un conflicto durante el S-XX, tan sólo detrás de Camboya. Iniciada la guerra, la brutalidad llegaría también al bando republicano, y especialmente graves fueron las sacas en Madrid entre agosto y noviembre de 1936, cuando las autoridades republicanas consiguieron retomar la autoridad perdida tras el 18 de julio.
En Salamanca, como en toda España, la Guerra Civil dejó una lamentable herida si bien no hubo conflicto como tal ya que se trató de una zona controlada por los sublevados desde el primer momento. Aun así, en la provincia salmantina hay registradas 94 fosas comunes de la Guerra Civil, aunque el número varía según las fuentes. De estas, solo 16 han sido señalizadas, habiéndose realizado unas 40 exhumaciones, de las cuales solo se habían identificado los restos de cinco personas en el cementerio de San Carlos Borromeo. A pesar de estos avances, se estima que alrededor de 900 personas siguen sin ser identificadas y permanecen en fosas comunes en Salamanca.
Desde la Asociación por la Memoria Histórica de Salamanca se ha constatado el carácter masivo de las sacas carcelarias de la Prisión provincial de Salamanca, gracias a haberse conservado hasta hoy los registros de fallecimientos correspondientes al periodo de guerra e inmediata posguerra (1936-1942). Partiendo de estos datos, la relación entre ejecuciones judiciales y asesinatos políticos de detenidos y presos sería, aproximadamente, de tres a dos. Es decir, de cada cinco internos de la Prisión ejecutados, tres lo fueron por aplicación de la pena capital impuesta en sentencia (de Consejo de Guerra) y dos por saca ilegal consentida.
Aunque hay que lamentar la ausencia de una rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos del pasado, en los últimos años sí se han producido algunos avances en materia de memoria democrática como la nulidad de alguna sentencia dictada en el marco de procedimientos injustos que se está reflejando en los expedientes judiciales, como es el caso de algunas condenas a muerte dictadas entre 1974 y 1975.
El Tribunal Constitucional en un Auto ha considerado que el articulado de la vigente Ley de Memoria Democrática es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas, además la implementación de la ley está llevándose a cabo con preocupante lentitud, como lo evidencia que solo haya un proyecto para su desarrollo reglamentario. Por otra parte, aunque el Estado parece estar tomando un papel activo al liderar las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, el modelo general continúa delegando estos trabajos en gran medida en organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de memoria y algunos proyectos de universidades, que son las que han llevado a cabo este tipo de acciones durante décadas.
Amnistía Internacional recuerda que, desde 2008, Naciones Unidas han recomendado a España en hasta once informes que adopten medidas concretas y efectivas para poner fin a la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, privando de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes.
Finalmente insistir en que, con motivo del cincuentenario de la muerte del Dictador, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones seguiremos trabajando para acabar con la impunidad y la falta de investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo, continuaremos exigiendo justicia penal y seguiremos presentando querellas hasta que las víctimas de franquismo obtengan justicia.
Por. Jesús Martín Piñuela, defensor de los Derechos Humanos
