Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 24 años de prisión para el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. En su escrito de acusación remitido al Tribunal Supremo, el fiscal jefe Alejandro Luzón le atribuye cinco delitos de corrupción relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, dentro del conocido como ‘caso Koldo’.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público exige para Ábalos la inhabilitación para cargo público y multas que rozan los cuatro millones de euros.

Los delitos y la petición de prisión inmediata

El fiscal acusa a Ábalos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación. Ante la gravedad de los hechos, Anticorrupción ha solicitado una vista para endurecer las medidas cautelares tanto de Ábalos como de su exasesor Koldo García, planteando su ingreso en prisión provisional.

Actualmente, Ábalos se encuentra en libertad, con la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salir de España.

Las penas para los otros implicados

El escrito también señala a los supuestos cómplices en la trama:

• Koldo García (exasesor): La Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión y una multa de casi cuatro millones de euros. Lo define como el «alter ego» del ministro y su «fiel transmisor de deseos», acusándolo de actuar como testaferro y manejar el dinero en efectivo de la trama.
• Víctor de Aldama (presunto conseguidor): Se solicitan 7 años de cárcel y una multa superior a 3,7 millones de euros. Aldama habría actuado como el nexo corruptor, beneficiándose de información privilegiada para adelantar a sus competidores.

El funcionamiento de la trama

Según el magistrado instructor, Leopoldo Puente, los tres acusados se conectaron poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio. El objetivo era aprovechar la influencia del ministro para lucrarse mediante la adjudicación de contratos públicos.

El negocio ilícito central se fraguó en marzo de 2020, en plena pandemia, mediante contratos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado. Según el fiscal, Ábalos aseguró la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión a cambio de compensaciones económicas, mientras Aldama se embolsaba millones y utilizaba estos contratos como «puente» para lograr más adjudicaciones en el Ministerio del Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares.

Otras consecuencias económicas y contexto judicial

El fiscal también reclama que Ábalos y Koldo indemnicen con más de 45.000 euros a las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la colocación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro. Asimismo, se pide el embargo de 430.000 euros correspondientes a las ganancias del cohecho.

Por otro lado, el texto menciona que el Tribunal Supremo ha decretado la puesta en libertad provisional del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán —también imputado en la causa según el escrito— al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas.