La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, centrada en la compra de mascarillas, ha ampliado su alcance este miércoles. Las autoridades han elevado a ocho el número de implicados: cinco en calidad de detenidos y tres como investigados.
Entre los arrestados figuran altos cargos del Partido Popular en la provincia, quienes han pasado su primera noche en prisión y se espera que pasen a disposición judicial este jueves.
Quiénes son los implicados y qué se investiga
La operación ha descabezado la cúpula de la Diputación de Almería y la alcaldía de Fines. Entre los detenidos se encuentran:
- Javier Aureliano García, presidente de la Diputación.
- Fernando Giménez, vicepresidente de la institución.
- Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines.
- Otros implicados incluyen a un técnico de Obras Públicas, dos empresarios y el hijo del alcalde de Fines.
Además, fuentes de la investigación señalan como octavo implicado a Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación y también miembro del PP.
La UCO sospecha que se cometieron delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. La hipótesis principal es que los acusados facilitaban adjudicaciones irregulares desde las instituciones públicas a determinadas empresas a cambio de comisiones. Para recabar pruebas, los agentes registraron durante más de diez horas diez inmuebles, incluyendo el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.
Tormenta política en el Congreso
Las detenciones han desatado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición durante la sesión de control.
La ofensiva del Gobierno: La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha exigido explicaciones al PP, acusándoles de utilizar «siempre el mismo modus operandi». Montero ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su falta de respuestas y ha ironizado sobre el silencio de los diputados populares andaluces en el Congreso. Además, ha utilizado el caso para defenderse de los ataques recibidos por la situación judicial del socialista Santos Cerdán.
La defensa del PP: El PP ha reaccionado aplicando la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados. Su secretario general, Miguel Tellado, ha intentado marcar distancias con el ‘caso Koldo’ del PSOE, calificando ambos escenarios como «radicalmente distintos».
Tellado ha argumentado que, a diferencia de los socialistas —que tardaron meses en actuar contra el exministro Ábalos—, el PP ha tomado medidas disciplinarias «el mismo día» y «sin dilación». «No somos lo mismo», ha sentenciado el dirigente popular, rechazando cualquier comparación entre ambas tramas de corrupción.
