En una decisión histórica y sin precedentes en la democracia española, el Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo. El fallo, que es firme, implica su salida inmediata de la jefatura de la Fiscalía, puesto que ocupaba desde julio de 2022.
El Alto Tribunal considera probado que García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos, tal como solicitaban las acusaciones particulares. La condena se deriva de la filtración de datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de una investigación por fraude fiscal.
Las claves de la sentencia Aunque el texto completo de la sentencia aún está por redactarse, el tribunal ha adelantado el fallo apenas una semana después de finalizar el juicio. Las sanciones impuestas son:
- Inhabilitación: Dos años sin poder ejercer como fiscal general.
- Multa económica: Una sanción de 7.200 euros (20 euros diarios durante 12 meses).
- Indemnización: Deberá pagar 10.000 euros a González Amador por daños morales, además de cubrir las costas del juicio.
Sin embargo, el Supremo ha desestimado las penas de cárcel (se pedían hasta seis años) y lo ha absuelto del resto de delitos que solicitaban las acusaciones.
El origen: un correo y una confesión El caso gira en torno a la difusión de un correo electrónico en el que la defensa del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales para intentar llegar a un pacto. Durante el juicio, García Ortiz negó haber filtrado dicho email, defendiendo que su actuación se limitó a emitir una nota de prensa para desmentir bulos, bajo la premisa de que «la verdad no se filtra, se defiende».
Al tratarse de un adelanto del fallo, todavía no se conocen los argumentos exactos de los magistrados: no se sabe si la condena castiga la filtración directa del correo a los medios o la publicación de la nota de prensa oficial que contenía esos datos.
Un tribunal dividido La sentencia no ha sido unánime. La decisión ha salido adelante con el voto de cinco magistrados frente a dos. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo (de la corriente progresista) han votado en contra y emitirán un voto particular.
Esta división ha provocado una situación inusual: la magistrada Polo, que originalmente debía redactar la sentencia, ha dejado esa tarea en manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, al no estar de acuerdo con la condena.
¿Qué pasará ahora? Aunque la sentencia es firme y obliga a García Ortiz a dejar su puesto, el ya ex fiscal general tiene una última carta: presentar un incidente de nulidad ante el Supremo para, posteriormente, solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional.
Como dijo Aznar: «El que pueda hacer, que haga». Y se hizo.
5 comentarios en «El Supremo anuncia el 20N que condena al fiscal general»
Españoles: FRANCO NO HA MUERTO
Si son capaces de hacer esta tropelía con el FGE, ¿qué serían capaces de hacer con cualquier ciudadano de a pié? . Siento miedo.
Ahora hemos entrado en otra época, no me cabe la menor duda que estamos ante un golpe de edtado judicial. Ahora vamos a seguir diciendo que creemos en la justicia. Manda guevos, sin una sola prueba, que no lo digo yo sino catedráticos de derecho de cuerda conservadora.
Vergüenza de justicia lo que queda claro el que ose meterse con Ayuso o su entorno va palante cómo Pablo Casado o el FGE y que su vocero mayor MAR miente y lanza un bulo y no pasa nada el tribunal supremo está plegado a la derecha vergonzoso.
Claro que hay pruebas, bastantes, de que el FGE se involucró en la filtración de datos del novio de Ayuso. A pesar de que intentó borrar todas las pruebas el mismo día que se enteró de que le iban a investigar, quedó rastro de sus comunicaciones, en la bandeja de entrada de los destinatarios de sus mensajes, en las que se ve claramente que se interesa por el expediente de Amador desde varios días antes de que se publique nada en ningún sitio. Además, la propia Nota de Prensa de la que el FGE se hizo responsable contenía datos privados de Amador que no se podían difundir.
Por otro lado, hasta Lobato (PSOE Madrid), al que se encargó que mostrara en la Asamblea de Madrid el expediente Amador, ante la sospecha (o el conocimiento) de que el origen de esa filtración podía ser delictivo, decidió, al contrario que el FGE, registrar ante notario todos sus mensajes para demostrar que él no tenía nada que ver.
Por lo tanto, claro que hay pruebas, demasiadas pruebas, de que el FGE cometió un delito. Además, no es creíble la excusa de que lo hizo para “desmontar un bulo”. Si quería hacer algo de eso, debería haber denunciado o puesto una querella por los cauces legales, que él debe conocer.