La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado ha desatado una tormenta política con reacciones opuestas. Mientras el Gobierno acata la sentencia pero defiende la inocencia de Álvaro García Ortiz, la oposición exige responsabilidades políticas al más alto nivel y pide de nuevo que dimita Pedro Sánchez.
Moncloa: acatar sin compartir
La postura del Ejecutivo ha sido clara: respeto institucional, pero rechazo de fondo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado que, aunque tienen el «deber legal» de acatar el fallo, también sienten el «deber moral» de manifestar su desacuerdo. «El Gobierno siempre ha creído y defendido la inocencia del fiscal general», afirmó.
Fuentes gubernamentales han confirmado que en los próximos días se iniciará el proceso para nombrar a un nuevo titular de la Fiscalía General, buscando un perfil de «máximo prestigio profesional». Internamente, tanto en el Consejo de Ministros como en el PSOE, la sensación es de indignación. El portavoz socialista, Patxi López, ha llegado a calificar la sentencia de «auténtica vergüenza», y algunas voces admiten que, dado el contexto, la decisión del tribunal «no les sorprende».
Pese a su salida forzada tras tres años en el cargo, el Gobierno ha querido reconocer la labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad».
Feijóo eleva el tono: «Sánchez puso la tinta»
La reacción del Partido Popular ha sido contundente. En una comparecencia extraordinaria y sin preguntas, Alberto Núñez Feijóo ha calificado lo ocurrido de «atropello» a la democracia. Para el líder de la oposición, García Ortiz ha actuado como un «peón» del Ejecutivo, rompiendo la legalidad que debía proteger con «ciega obediencia» para atacar al PP.
Feijóo no se ha limitado a criticar al fiscal condenado; ha apuntado directamente al presidente del Gobierno. «La responsabilidad jurídica es de García Ortiz, pero la política es de Sánchez», sentenció, utilizando una dura metáfora: «El fiscal ha escrito una página negra en la historia de nuestra democracia, pero la tinta se la ha proporcionado el señor Sánchez». Por ello, el PP considera que la única salida digna es la dimisión del presidente.
Sumar denuncia una «interferencia política»
Por su parte, Sumar, socio de la coalición de Gobierno, ha sido más explícito en sus críticas al Poder Judicial. La formación interpreta la condena como una maniobra de ciertos sectores de la judicatura para «entrar en combate político contra el Gobierno». Desde el partido denuncian la «gravedad institucional absoluta» de una sentencia que, a su juicio, se basa en indicios débiles y carece de pruebas directas de la filtración.
El contexto de la salida
García Ortiz abandonará su puesto de manera inminente tras confirmarse su inhabilitación por dos años. La sentencia castiga la revelación de datos sobre los delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aunque, al no estar redactado aún el texto definitivo, persiste la duda sobre si el Supremo castiga la filtración directa del correo o la nota de prensa oficial que lo detallaba.
