La Audiencia Nacional ha dado luz verde este lunes al juicio contra el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Los magistrados han decidido que sea juzgado a pesar de que los médicos forenses ratificaron que sufre un «deterioro cognitivo» que le impediría ejercer su defensa.
Como medida de compromiso, el tribunal ha permitido que Pujol siga las sesiones por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, evitando así su traslado físico a Madrid.
«A disposición del tribunal»
La decisión se ha tomado tras una vista previa en la que el propio Pujol intervino telemáticamente. Aunque su defensa y los forenses alegaron que padece un trastorno neurocognitivo mixto (tipo Alzheimer y vascular) y que se recupera de una neumonía reciente, el tribunal optó por continuar.
Durante la breve comparecencia, el juez preguntó al exmandatario si comprendía por qué estaba allí. Pujol respondió afirmativamente y, aunque reconoció ante el fiscal no encontrarse bien y tener dificultades para reconocer su propia firma, sentenció: «Estoy a disposición del tribunal». Los magistrados han matizado que esta decisión no es inamovible: si su salud empeora, se volverá a evaluar si está en condiciones de continuar.
Un macrojuicio al «Clan Pujol»
El proceso, que se extenderá hasta mayo y contará con más de 250 testigos, no solo sienta en el banquillo al patriarca. Junto a él están acusados sus siete hijos y otras 11 personas, en su mayoría empresarios. El tribunal ha eximido a los hijos de asistir presencialmente a todas las sesiones; solo deberán acudir cuando sean requeridos y para su declaración final, prevista para abril.
Las claves de la acusación
La Fiscalía dibuja un escenario de corrupción sistémica. Acusa a la familia Pujol de actuar como una organización criminal —con el expresident y su difunta esposa, Marta Ferrusola, en la cúspide— dedicada a enriquecerse mediante el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Según la acusación, Jordi Pujol Ferrusola (el primogénito) gestionaba estos fondos, los blanqueaba en Andorra y luego repartía el dinero entre sus hermanos.
- Las penas: La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el expresident y penas que oscilan entre los 8 y los 29 años para sus hijos.
- Los delitos: Asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
- El dinero: Aunque la mayoría de los hermanos regularizó su situación con la amnistía fiscal de 2012, el primogénito y Josep Pujol siguen acusados de fraude fiscal. La investigación rastreó cuentas millonarias en Andorra, incluyendo ingresos de difícil justificación que la familia atribuyó a una herencia, tesis que los investigadores descartan.
