Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles tomar en consideración la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, registrada por el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! en el mes de mayo, y en la que ha colaborado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La decisión, que ha contado con el apoyo favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción de la abstención del PP, pone en marcha la tramitación para la aprobación de esa ley, que supone un paso histórico para el colectivo, destaca CSIF. Recuerda que, a pesar de custodiar más de la mitad del territorio de Castilla y León y de contar con unas funciones de especial complejidad, como la persecución de delitos ambientales, la lucha contra el furtivismo o la realización de rescates en el medio natural, los agentes medioambientales no cuentan con una norma autonómica “que les respalde”.
La Proposición de Ley cuenta con el apoyo de los agentes medioambientales y posibilitará el desarrollo de la normativa básica nacional de agentes forestales y medioambientales, Ley 4/2024, que ahora se está incumpliendo de forma premeditada por parte de la Junta de Castilla y León, al igual que la de bomberos forestales (Ley 5/2024), algo incomprensible después de lo que hemos vivido este verano explica CSIF.
CSIF valora que la Proposición de Ley definirá de manera inequívoca las competencias de esos profesionales, fortaleciendo su papel mediante la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad. “Aborda aspectos esenciales para los trabajadores del sector, como la dotación de medios materiales para poder desarrollar su trabajo adecuadamente, formación continuada, promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida, reivindicaciones demandadas históricamente”, señala el sindicato independiente.
De este modo, con la nueva normativa autonómica se pretende que la Comunidad de Castilla y León se ponga a la cabeza de la defensa integral del medio ambiente y la protección de los entornos rurales, con atención especial a la superficie forestal, que representa más del 50% del territorio castellano y leonés, con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, de las que más de 3 millones de hectáreas son de arbolado.
CSIF resalta que el colectivo de los agentes medioambientales constituye un servicio esencial, ya que dirige el operativo de la extinción de incendios forestales en más del 90%. siendo las más afectadas las provincias de Zamora, León y Salamanca; participa en el rescate de personas en el entorno natural; o colabora en emergencias, como ocurrió en la pandemia de 2020 o en la reciente DANA que ha asolado Valencia.
Rechazado el decreto
Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León votaron este miércoles en contra del decreto-ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales planteado por la Junta, ante la perspectiva compartida por PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto de que el Gobierno autonómico pretende “trasladar la responsabilidad” a los ayuntamientos.
Ical.- Además, los grupos también justificaron su voto en contra, con el que quedó derogado el decreto-ley frente al riesgo de incendios, en que todos los sectores afectados por las medidas están en contra de las mismas, mientras que la Junta, a través del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, justificó la urgencia del texto por suponer “la única oportunidad para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios de la próxima temporada”.
Precisamente fue Suárez-Quiñones quien realizó la defensa del Decreto-Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales en el Pleno celebrado hoy, en el que aseguró que el documento introduce “importantes modificaciones” en las leyes de montes, de patrimonio natural, de urbanismo y de carreteras para lograr una mayor eficacia en el operativo de lucha contra incendios.
Reformas “necesarias y urgentes que no cabe hacerlas más que con este instrumento legal habida cuenta del fin de legislatura”, apuntó Suárez-Quiñones, que tras revisar el articulado del Decreto-Ley, advirtió que supone “la única oportunidad para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios de la próxima temporada”.
Incidió en la necesidad de aprobar este documento el procurador ‘popular’ Alberto Castro, que calificó la iniciativa legislativa como “excepcional” ante los grandes incendios del pasado verano en el noroeste de Castilla y León, y aseguró que el texto está basado en “datos técnicos”.
Además, y dirigiéndose a los grupos, consideró “malintencionadas” las declaraciones que aseguran que los fuegos del pasado verano se hubiesen apagado antes si se hubieran tomado las medidas propuestas por la oposición, y recordó que los incendios “son provocados” en el 80 por ciento de los casos, algo que “nada tiene que ver con la acción legislativa”.
Juego “sucio”
Sin embargo, el socialista Pedro González Reglero mostró la postura en contra de su grupo, en primer lugar porque el Decreto-Ley fue defendido por Suárez-Quiñones, que “debía haber dimitido” hace meses pero que “sirve de parapeto al presidente”. Señaló asimismo que con el texto “se han ignorado los informes de los servicios jurídicos” de la propia Junta, y calificó el documento como “una reforma estructural encubierta” bajo la excusa de la “urgencia”.
“Tiempo han tenido pero no lo han presentado”, criticó el procurador socialista, que señaló asimismo que la presentación ahora responde al objetivo de la Junta de llevarlo a las Cortes como Decreto Ley y evitar que se puedan presentar enmiendas. “Si aceptamos esto, no hay tiempo material”, reseñó, planteando que el Gobierno autonómico “ha jugado sucio”.
Además, consideró que Junta “no ha escuchado a nadie” y traslada “toda la responsabilidad a agricultores, ganaderos, propietarios y ayuntamientos, sin medios técnicos ni apoyo económico”, por lo que “no es política forestal, es burocracia punitiva”. “La protección de nuestros montes no puede improvisarse”, concluyó.
La respuesta, de nuevo en boca de Alberto Castro, criticó la “poca vergüenza” de hacer “un mitin” de los incendios “sin culpar a quienes los provocan”, y señaló a los socialistas como personas “poco de fiar”, porque es el Real Decreto del Gobierno sobre incendios el que determina “las obligaciones que hoy ya tienen los ayuntamientos”, porque son los que deben “aprobar un plan municipal si el municipio tiene riesgo, organizar recursos para prevención y extinción y mapear el territorio para escenificar riesgos”.
Por ello, la Junta “establece un marco jurídico y una herramienta” a través de las diputaciones “para no dejar solos a los ayuntamientos” y actuar de forma “responsable”, frente a una oposición a la que dijo: “Sacar rédito político de una desgracia es lo indecente”.
En la dúplica durante el debate mantenido en Cortes, González Reglero consideró que “lo que ha hecho daño a este territorio son las políticas negligentes” de las que acusó al consejero de Medio Ambiente, e incidió en que “todos los sectores afectados por este decreto están en contra”.
Ausencia de diálogo
Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual lamentó la “ausencia de diálogo” que evidencia la “falta de consenso” en un decreto que “no responde a las necesidades de la Comunidad ni de las provincias”, mientras que Francisco Igea se dirigió a Suárez-Quiñones para preguntarse “qué ha sido de aquel hombre que hizo Derecho para administrar Justicia” y ahora esté “peleando su última batalla por la supervivencia”. “Hace tiempo que tenía que haberse ido. Mírese el espejo y vuélvase a casa”, concluyó.
Por parte de la UPL, Luis Mariano Santos también se dirigió directamente al consejero para lamentar “la forma que tienen de negociar los decretos”, y afeó que la Junta traslade la responsabilidad a los ayuntamientos. “Debería ser necesario que para ser consejero y ministro, se hubiera pasado por la administración local”, planteó, “porque probablemente evitaríamos que intente descansar sus competencias en los ayuntamientos”.
Finalmente, Ignacio Sicilia, de Vox, consideró inexplicable que “algo que se supone que es tan bueno, no lo compre nadie, ni sus socios del Pacto Verde Europeo”. Por ello, aseguró que “el diagnóstico de la Junta es erróneo y lo que plantean no va a resolver el problema”. Por último, criticó la falta de eficacia del Gobierno autonómico y que ahora quiera aprobar un documento que tiene “de uñas” a los alcaldes de la Comunidad. “Es imposible que nadie apoye esto”, concluyó.
