La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que la administración educativa de Castilla y León se encuentra en un estado de “emergencia y fractura estructural, al borde del colapso”, porque la tercera parte de los puestos en las direcciones provinciales de educación están vacantes. La situación afecta a tres centros de Salamanca.
En este sentido, CSIF ha detectado situaciones de “alerta” en centros específicos donde la falta de personal laboral y funcionario no docente está “comprometiendo la gestión del día a día”. Destacan “casos críticos” como tres IES en Salamanca capital con “un elevado número de alumnos”.
Se trata, concretamente, de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria IES Diputación, Leonardo Da Vinci (Alba de Tormes) y Torres Villarroel, que “no cuentan con absolutamente ningún administrativo”.
En cuanto a otros centros de la comunidad, en Burgos, el CIFP Juan de Colonia, con más de 1.000 alumnos, solo tiene dos administrativos en plantilla, pero únicamente una de esas plazas está cubierta desde el verano, por lo que “el personal docente tuvo que asumir gran parte de la carga burocrática de inicio de curso que suponen las matriculaciones”. Situación idéntica se vive en el IES Castilla de Soria, con solo un administrativo, o en el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz (Soria), que no dispone de ningún trabajador de gestión y administración. Asimismo, se señala una anomalía en Valladolid, cuyos centros presentan un 13,9% de vacantes, muy por encima de la media regional.
Según un informe técnico elaborado por el sindicato, la tasa de plazas sin cubrir en las oficinas provinciales alcanza el 31,7%. Asimismo, y aunque la media de vacantes en el personal de administración y servicios de los centros educativos es menor (8,5%), el informe revela un aumento preocupante respecto a los datos de abril que denunció CSIF en ese momento, contabilizando ahora 322 puestos sin cubrir en los centros frente a los 240 de principios de año, es decir, 82 más.
“Esta circunstancia de la plantilla está comprometiendo la planificación del curso escolar, la gestión de obras y equipamientos, y procesos clave como la escolarización, el transporte o los pagos a proveedores”, subraya la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga.
La situación es especialmente grave en León, donde la ratio es de un empleado de administración general es de algo más de 1.000 alumnos, y en Burgos, con una ratio que supera los 900. Ávila y Segovia se enfrentan a estructuras administrativas “desmanteladas”, con más del 33% de las plazas sin cubrir.
“Los trámites se retrasan, los centros no reciben soporte, y esto afecta directamente al alumnado y a sus familias”, señala Madruga. La falta de personal en los despachos tiene “consecuencias directas en la calidad educativa”, ya que “no es posible mantener un servicio educativo de calidad con una de cada tres sillas administrativas vacías”, advierte.
Por su parte, el presidente del sector de Administración General de CSIF Castilla y León (AGCyL), Agustín Argulo, subraya que “el cuello de botella que sufre la gestión educativa es el resultado de años de abandono institucional”. Recuerda que la Junta lleva más de dos años sin actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), lo que impide adaptar las plantillas a las necesidades reales del sistema. “La falta de personal en las direcciones provinciales no solo frena nuevas contrataciones interinas, también ha dado pie a externalizaciones opacas y a procedimientos en los límites de la legalidad”, denuncia.
El informe destaca que las áreas más afectadas por las vacantes son Planificación (44,4%), Construcción y Equipamiento (40,5%), y Contratación (33,3%). Esta situación se traduce en retrasos en la admisión de alumnos, gestión del transporte escolar, licitaciones de obras y ejecución presupuestaria. “Exigimos transparencia, refuerzo urgente de las bolsas de empleo y una planificación seria. La calidad educativa no se puede sostener sin estructura administrativa”, concluye Argulo.
Por todo ello, CSIF exige a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Función Pública una “intervención inmediata y efectiva para cubrir las vacantes, que garantice la estabilidad y calidad de los servicios públicos educativos en toda la comunidad”. “Urge la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)”, agrega el sindicato, pues “la educación pública no se sostiene solo con docentes; sin una gestión administrativa ágil y robusta, el sistema colapsa”.
