Los 33 medios de comunicación pertenecientes a 29 empresas informativas de las nueve provincias de Castilla y León que han llevado a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución, han expresado su “estupor” ante el comunicado de prensa publicado el viernes por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, a la vez que reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad.
Todos los medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, en el que se asegura que secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, “cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa”.
Aseguran que no se ha celebrado ninguna reunión de trabajo y ni ningún contacto sectorial y, por supuesto, “acuerdo alguno durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley en julio”. El PSOE no se ha reunido con ninguno de los 33 medios demandantes y más perjudicados por la norma aprobada en Las Cortes regionales por el PSOE, Vox y varios del grupo mixto.
Según un comunicado recogido por Ical, la nueva modificación de esta ley, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a los medios a recurrir a la vía judicial para su anulación.
Además, se argumenta que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.
