El escándalo en la sanidad madrileña

La sanidad pública madrileña afronta una nueva tormenta política y social, esta vez con el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en el epicentro. El centro, de titularidad pública pero gestión privada, se ha visto envuelto en una polémica tras filtrarse unos audios que revelan una estrategia directiva para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes con tratamientos costosos con el único fin de mejorar la rentabilidad económica. Además, daban prioridad a los pacientes derivados de otros hospitales con dolencias más rentables para el de Torrejón porque conllevan un ingreso adicional de la Comunidad. La Comunidad de Madrid no encuentra prácticas irregulares en este centro.

El escándalo ha precipitado la dimisión de Pablo Gallart, consejero delegado del grupo gestor Ribera Salud en el hospital, y ha destapado una purga interna contra quienes intentaron denunciar estas prácticas.

«Desandemos el camino»: El plan para hacer caja

El origen del conflicto se remonta al pasado 25 de septiembre. En una reunión con directivos, Pablo Gallart instó a su equipo a revertir los esfuerzos realizados en años anteriores para reducir las listas de espera. Su mensaje fue claro: «Lo único que pido es: desandemos el camino».

El objetivo de esta maniobra era realizar «ajustes» para alcanzar un beneficio operativo (EBITDA) de entre cuatro y cinco millones de euros. En las grabaciones, desveladas por el diario El País, se escucha al directivo sugerir que se descarten pacientes o tratamientos que no sean rentables, especialmente aquellos que provienen de otras zonas fuera del Corredor del Henares y que requieren farmacia costosa. «Seguro que estamos haciendo mucha actividad que nos está perjudicando», afirmaba Gallart, pidiendo «imaginación» para maximizar los ingresos en cuatro o cinco millones.

Despidos fulminantes tras la denuncia

La situación se agrava al conocerse que la empresa no solo diseñó este plan, sino que castigó a quienes se opusieron. Tres directivos del hospital utilizaron el canal ético interno de la compañía el pasado 26 de octubre para alertar de que estas órdenes generarían una clara desigualdad en la atención a los ciudadanos.

La respuesta de Ribera Salud fue inmediata y contundente: los tres denunciantes fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre.

Reacciones: Dimisiones, inspecciones y choque político

Tras hacerse públicas las grabaciones y la noticia de los despidos, las consecuencias han sido inmediatas:

• La empresa: Ribera Salud ha anunciado la dimisión de Gallart de la gestión del hospital y ha prometido una «auditoría en profundidad» para asegurar que no se han vulnerado estándares éticos ni legales, reafirmando su compromiso con la sanidad pública.
• Comunidad de Madrid: La Consejería de Sanidad, que inicialmente defendió que no había detectado incumplimientos, ha reaccionado enviando un equipo de inspección urgente al hospital y citando a la cúpula de la empresa. Han asegurado que «no tolerarán» prácticas que perjudiquen a los pacientes, pero no encuentra irregularidades.
• El Gobierno Central: El presidente Pedro Sánchez ha utilizado el caso para cargar contra el modelo sanitario del Partido Popular, acusándoles de «hacer de la salud un negocio» y de la enfermedad una oportunidad de enriquecimiento. «No lo vamos a permitir», sentenció en redes sociales.

Por su parte, la Asociación El Defensor del Paciente ya ha solicitado a la Fiscalía que investigue lo que consideran una orden clara de limitar la asistencia sanitaria por motivos puramente económicos.

Claves del Escándalo en el Hospital de Torrejón

1. El origen: Rentabilidad por encima de pacientes

La polémica estalla tras filtrarse unos audios de Pablo Gallart, directivo del grupo Ribera Salud (gestora privada del hospital público), en una reunión celebrada el 25 de septiembre.

• La orden: Gallart pidió a sus mandos «desandar el camino» en la reducción de listas de espera y aumentarla para ganar más dinero.
• El objetivo: Aumentar los beneficios económicos (EBITDA) hasta los 4 o 5 millones de euros.
• La estrategia: Rechazar pacientes o procesos «no rentables» (especialmente de fuera de la zona o con tratamientos farmacéuticos costosos).

2. La purga interna: Denuncia y despidos fulminantes

Varios directivos del hospital se opusieron a estas directrices por considerarlas poco éticas y perjudiciales para la igualdad en la atención sanitaria.

• 26 de octubre: Tres altos cargos denuncian las órdenes de Gallart a través del canal ético interno de la empresa.
• 27 de octubre: Solo 24 horas después de la denuncia, la empresa despide a los tres directivos.

3. Consecuencias inmediatas tras la filtración

Una vez que el diario El País hace públicos los audios y los despidos en diciembre:

• Dimisión del CEO: Pablo Gallart dimite de su cargo de gestión en el hospital.
• Auditoría interna: El grupo Ribera Salud anuncia una «investigación en profundidad» para verificar si se cumplieron los estándares éticos, desvinculándose de las acciones de Gallart.

4. Reacciones institucionales y políticas

El caso ha provocado un choque entre la administración regional y el gobierno central.

• Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad): Ha enviado una inspección urgente para verificar la calidad del servicio y se ha reunido con la empresa. Advierten que «no tolerarán» prácticas que limiten el acceso sanitario, aunque defienden que los controles habituales funcionaban.
• Gobierno Central (Pedro Sánchez): El presidente ha utilizado el caso para criticar el «modelo del PP», acusándoles de convertir la salud en un negocio y prometiendo defender la sanidad pública.
• Justicia: La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación oficial.