El juicio contra elexfiscal general acaba en la ONU

Los fiscales progresistas denuncian "anomalías graves" y falta de imparcialidad en el Supremo
García Ortiz, en el banquillo del Supremo.

La condena del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha traspasado las fronteras nacionales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha decidido dar un paso inédito en democracia: denunciar ante la relatora especial de Naciones Unidas lo que consideran una «sucesión de irregularidades institucionales» cometidas por el Tribunal Supremo durante el proceso.

El caso, que desembocó en la inhabilitación de García Ortiz por revelación de secretos en la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presenta según la UPF problemas estructurales que no solo afectan al condenado, sino a la propia credibilidad de la justicia española.

Las tres «anomalías» denunciadas

La asociación, que en su día presidió el propio García Ortiz, argumenta ante la ONU que no se trata de meros desacuerdos jurídicos, sino de prácticas que comprometen la imparcialidad:

  1. Culpable sin argumentos: Critican duramente que se adelantase el fallo condenatorio sin tener redactada la sentencia. Para los fiscales, declarar culpable a alguien sin explicar los fundamentos jurídicos «al momento» vulnera el derecho de defensa y la transparencia.
  2. Investigación desproporcionada: Denuncian medidas «extremadamente invasivas», como el registro en la Fiscalía General donde se volcaron datos personales de casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo de 48 horas.
  3. Dudas sobre la imparcialidad: La UPF señala que un «círculo reducido» de magistrados controló todas las fases del proceso. Además, afean que tres de los jueces impartieran cursos en el Colegio de la Abogacía de Madrid —una de las partes acusadoras— justo en los días en los que debían estar deliberando la sentencia.

Petición de intervención internacional

Ante este escenario, la UPF ha solicitado a la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, que examine si el Estado español ha vulnerado estándares internacionales de independencia judicial. Van más allá y sugieren que la relatora realice una visita oficial a España para evaluar sobre el terreno el impacto institucional de este polémico caso.

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